La empresa asegura que su equipo legal ya atiende las diligencias en curso.
Colombia conoció esta semana el rostro judicial de una de las marcas más reconocidas del comercio minorista nacional. Lo que durante años pareció una historia de éxito empresarial en el segmento de ropa interior femenina se convirtió, en cuestión de horas, en el epicentro de uno de los operativos más grandes que ha ejecutado la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil del país. Y las cifras que fueron revelando las autoridades a lo largo de los días superaron cualquier estimación inicial.
La tarde del lunes 27 de abril, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, ejecutaron de manera simultánea allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad vinculados a la marca Lili Pink.
Las diligencias se desarrollaron en 59 ciudades y municipios distribuidos en 25 departamentos del país, lo que da cuenta del alcance geográfico de la operación. En el marco de los operativos, las autoridades ejecutaron además órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, obtenidas previamente ante un juez de control de garantías en Bogotá y que, al cierre de esta edición, se encontraban en proceso de materialización. Otras noticias: Fiscalía inicia extinción de dominio a bienes de Lili Pink por presunto lavado de activos
La Fiscalía puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación da cuenta de importadoras y sociedades de papel… pic.twitter.com/PiCSXknooV
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 28, 2026
Una red de contrabando activa durante dos décadas con cifras millonarias
Hoy martes, a tan solo un día de los allanamientos, la Fiscalía durante una rueda de prensa entregó detalles que dimensionaron la magnitud real del caso Lili Pink.
Según el ente investigador, la presunta estructura criminal habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país durante aproximadamente dos décadas, a través de un esquema mixto que combinaba importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior.
Los productos que habrían ingresado de manera irregular incluían prendas de vestir, juguetes y artículos cosméticos, distribuidos luego en el mercado nacional para darles apariencia de legalidad.
Las maniobras identificadas por la investigación incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales ficticias y estrategias deliberadas para evadir los controles aduaneros, con el propósito de dificultar la trazabilidad del dinero y permitir su incorporación al sistema económico formal.
El resultado de años de trabajo investigativo arrojó cifras contundentes que llevaron a realizar este operativo de manera simultanea en todo el país. La Fiscalía documentó un presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos; un enriquecimiento ilícito estimado en más de 430.000 millones de pesos; aprehensiones y decomisos de mercancía realizados por la Dian, avaluados en más de 54.000 millones de pesos; y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos adicionales.
Publicidad
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con el respaldo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, fue quien documentó el grueso de estas cifras, que en su conjunto configuran uno de los casos de mayor impacto económico en la historia judicial reciente del comercio colombiano.
El rastro que dejó “el Ojo de la Dian” desde 2022
El camino investigativo que condujo hasta estos operativos comenzó mucho antes, en el 2022, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha una herramienta tecnológica interna denominada “el Ojo de la Dian”, un software de vigilancia diseñado para monitorear en tiempo real el comportamiento de los funcionarios de la entidad y detectar conductas sospechosas como la consulta injustificada de información de terceros o la gestión de devoluciones de IVA sin sustento legal. Otras noticias: Lili Pink se pronunció tras operativos: “Hacemos un llamado a proteger la marca
Fue precisamente este sistema el que comenzó a evidenciar accesos inusuales a bases de datos institucionales, lo que llevó a los investigadores a identificar la presunta red de contrabando textil.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, cuya administración fue la encargada de implementar esa herramienta y se iniciaron las primeras pesquisas, no ocultó su posición frente a los tiempos que tardó el proceso en llegar a esta etapa. “Esto viene desde el 2022, mire todo lo que se demoró la Fiscalía en poder dar esta orden de allanamiento, cuatro años, increíble que sea tan lenta la justicia, pero por fin llegó”, manifestó el pasado lunes 27 de abril.
Una marca con historia que opera bajo capitales panameños
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín de Bogotá por la familia Abadi, específicamente por Max Abadi y su hijo David, descendientes del empresario textil colombiano Hyman Abadi. En menos de una década, la marca se posicionó como la cadena líder de ropa interior femenina en el segmento minorista del país, superando a competidores de larga trayectoria como Leonisa.
En el 2015 fue vendida al holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario. Hoy, la operación en Colombia está a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa con sede en Tenjo, Cundinamarca, cuyo único accionista es la sociedad panameña Bestsea Blue S.A.
A corte del 2024, Fast Moda reportaba ingresos anuales por 514.881 millones de pesos, activos superiores a 295.000 millones y un indicador de endeudamiento del 89,6 %, y generaba más de 2.300 empleos en toda Colombia.
Publicidad
Ante la gravedad de los hechos, la compañía emitió un comunicado en el que indicó que su equipo legal está al frente de la situación y que las actuaciones de las autoridades se están atendiendo dentro del marco normativo vigente.
Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que quedará a cargo de la custodia provisional de los bienes intervenidos, para que protejan la marca y garanticen la estabilidad laboral de sus colaboradores.
Los bienes afectados, según informó la Fiscalía, continuarán operando y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados. La investigación sigue en curso.
