Durante décadas, el debate sobre la salud en Colombia giró alrededor de una pregunta recurrente: ¿era mejor el antiguo Seguro Social o el modelo creado por la Ley 100? Hoy, sin embargo, para distintos organismos de control, asociaciones médicas y analistas del sector, la discusión ha cambiado de dimensión. La preocupación ya no es únicamente quién administra el sistema, sino si este será capaz de responder cuando millones de colombianos necesiten una cita médica, un medicamento o un tratamiento de alta complejidad.
Publicado por: Nuevos Proyectos
Diversos expertos coinciden en que el país atraviesa uno de los momentos más delicados desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A las dificultades financieras de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se suman el aumento de tutelas, las quejas por la entrega de medicamentos, las crecientes deudas con hospitales y clínicas y las dudas sobre la efectividad de las intervenciones realizadas por el Gobierno nacional.
Del Seguro Social a un sistema universal
Cuando los colombianos hablan del antiguo Seguro Social hacen referencia al Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidad creada en 1946 y liquidada definitivamente en 2015. Su funcionamiento respondía a una lógica distinta a la actual: un modelo estatal, centralizado y enfocado principalmente en los trabajadores formales.
La expedición de la Ley 100 de 1993 transformó completamente esa estructura. En su lugar nació el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sustentado en principios como la universalidad, la solidaridad y la eficiencia, con funciones distribuidas entre EPS, IPS, entidades territoriales y el Estado. Posteriormente, la Ley Estatutaria de Salud de 2015 elevó la salud a la categoría de derecho fundamental.
Sin embargo, varios analistas sostienen que esa arquitectura, diseñada para ampliar la cobertura y distribuir responsabilidades, también incrementó la complejidad administrativa y multiplicó los puntos donde pueden presentarse fallas. Esa evolución histórica está documentada en el marco normativo vigente y en la descripción institucional del sistema.
Organismos de control hablan de un deterioro
Las alertas más recientes provienen de la Procuraduría General de la Nación. Tras revisar la situación de 18 EPS, nueve de ellas intervenidas, el organismo concluyó que el sistema presenta un deterioro progresivo tanto en el acceso a los servicios como en su sostenibilidad financiera. Según la entidad, durante los últimos años aumentaron de manera significativa las quejas de los usuarios, las tutelas y los incidentes de desacato relacionados con el derecho a la salud.
La Procuraduría también advirtió que, en los casos analizados, las intervenciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud no mostraron mejoras en los principales indicadores de funcionamiento y, por el contrario, evidenciaron un deterioro en variables financieras y asistenciales.
Las tutelas reflejan el inconformismo
Para expertos en derecho sanitario, las tutelas se han convertido en uno de los principales termómetros del funcionamiento del sistema.
Datos divulgados por la Defensoría del Pueblo muestran que durante 2025 se presentaron cerca de 312.500 tutelas relacionadas con salud, un incremento cercano al 18 % frente al año anterior. Actualmente, alrededor de una de cada tres tutelas que se presentan en Colombia busca proteger el derecho a la salud. Las solicitudes más frecuentes están relacionadas con entrega de medicamentos, asignación de citas y autorización de tratamientos.
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Desde la Procuraduría también se ha advertido que el incremento de acciones judiciales evidencia dificultades persistentes para garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos.
Medicamentos: una de las mayores preocupaciones
Uno de los problemas que con mayor frecuencia mencionan pacientes, asociaciones médicas y organismos de control es la entrega oportuna de medicamentos.
La Contraloría General de la República advirtió recientemente que las EPS intervenidas presentan niveles críticos de cumplimiento en la entrega de medicamentos y bajos niveles de acatamiento de fallos judiciales relacionados con el derecho a la salud. El organismo también señaló que el crecimiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) estuvo impulsado principalmente por la negación o retraso en medicamentos y por las demoras para acceder a citas médicas.
Durante 2025 se registraron más de dos millones de PQR ante la Superintendencia Nacional de Salud, cifra que representó un aumento superior al 27 % frente al año anterior.
La discusión sobre las intervenciones
Uno de los principales puntos de debate es el efecto que han tenido las intervenciones estatales sobre varias EPS.
Mientras el Gobierno ha sostenido que estas medidas buscan proteger a los usuarios y corregir problemas acumulados durante años, sectores críticos consideran que los resultados aún no muestran mejoras sustanciales.
La Contraloría concluyó que las intervenciones no han logrado revertir el deterioro financiero ni mejorar indicadores de oportunidad y calidad en la atención. Para ese organismo, persisten problemas en acceso a medicamentos, aumento de deudas y crecimiento de las reclamaciones ciudadanas.
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En esa misma línea, diferentes asociaciones del sector salud han advertido que la incertidumbre financiera también afecta a clínicas y hospitales, que reportan dificultades para recibir pagos oportunamente y sostener algunos servicios especializados.
Un debate que seguirá abierto
Para los expertos, el futuro del sistema dependerá menos de los discursos políticos y más de la capacidad del Estado para garantizar recursos suficientes, mejorar la gestión, recuperar la confianza entre los actores del sistema y asegurar que los pacientes reciban atención oportuna.
La discusión ya no enfrenta únicamente a quienes defienden el antiguo Seguro Social y a quienes respaldan el modelo de la Ley 100. Hoy el debate gira alrededor de cómo preservar un sistema que, pese a haber alcanzado cobertura prácticamente universal, enfrenta cuestionamientos crecientes sobre su sostenibilidad, la oportunidad en la atención y la garantía efectiva del derecho a la salud.
Mientras tanto, los organismos de control insisten en que el aumento de tutelas, las dificultades para acceder a medicamentos, el crecimiento de las quejas ciudadanas y la situación financiera de varias EPS constituyen señales que requieren atención urgente para evitar un mayor deterioro del sistema.
