Iris Marín cuestionó la difusión de imágenes del mandatario entre los cuerpos de los integrantes de grupos armados muertos durante la operación en Guaviare.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella recorriendo el lugar donde quedaron los cuerpos de integrantes de grupos armados muertos durante la operación Azarías generaron un fuerte pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La funcionaria cuestionó que los cuerpos de las personas fallecidas sean mostrados como parte de la presentación de un resultado militar y advirtió que el Estado debe mantener una diferencia clara frente a las prácticas de intimidación y humillación propias de los actores armados.
La operación fue adelantada en el Guaviare contra estructuras vinculadas con alias ‘Iván Mordisco’. El balance oficial señaló la muerte de 23 integrantes de esos grupos. Medicina Legal estableció posteriormente que entre los fallecidos había dos menores de edad.
La Defensoría pide no convertir las bajas en una medida de éxito
Marín aclaró que su llamado no significa rechazar las operaciones de la Fuerza Pública. Reconoció que, en determinadas circunstancias previstas por la ley y el derecho internacional humanitario, pueden producirse muertes durante acciones contra grupos armados.
Su cuestionamiento está dirigido, explicó, a la manera en que se muestran esos resultados y al mensaje que transmiten las instituciones. Para la defensora, la muerte de personas no debería convertirse en una imagen de triunfo ni en una forma de exhibir poder. Recordó además que el respeto por la dignidad humana no desaparece durante un conflicto y que los cuerpos deben recibir un trato digno.
La funcionaria también llamó la atención sobre un portal denominado ‘Las Bajas del Tigre’, cuya naturaleza oficial, según dijo, no ha sido confirmada. Allí, de acuerdo con su declaración, se estarían contabilizando muertes y resultados operacionales.
Marín relacionó esta discusión con una experiencia dolorosa de la historia reciente de Colombia: los llamados falsos positivos, casos que actualmente son investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Sin señalar que las muertes de la operación Azarías correspondan a esa situación, pidió que la seguridad no sea evaluada únicamente por el número de bajas. A su juicio, también deben tenerse en cuenta las vidas civiles protegidas y los derechos que logra garantizar el Estado.
El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 6, 2026
Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero… pic.twitter.com/bNq3L0VnUe
El pronunciamiento llegó en medio de la controversia por la forma en que fueron difundidas las imágenes de la operación. Marín sostuvo que las instituciones públicas también comunican a través de sus gestos y de las escenas que deciden mostrar.
Su mensaje fue que la Fuerza Pública debe actuar con firmeza frente a quienes amenazan a la población, pero sin adoptar prácticas que terminen normalizando la humillación o convirtiendo la muerte en espectáculo.
“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza”, sostuvo la defensora del Pueblo al insistir en que la autoridad también se demuestra respetando la Constitución, la ley y la dignidad humana.
