Las negociaciones contemplan sanciones de entre cuatro años y ocho meses y siete años y diez meses, pero requieren aprobación judicial.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación inició la sustentación judicial de los preacuerdos alcanzados con 10 de los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘PPP’, investigados por hechos de vandalismo y violencia durante jornadas de protesta en Bogotá. Las negociaciones contemplan penas de prisión de entre cuatro años y ocho meses y siete años y diez meses, aunque los acuerdos aún deben recibir el aval de una juez especializada.
La audiencia comenzó a las 9:00 de la mañana y se centra, entre otros aspectos, en la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los procesados y en los fundamentos de las sanciones negociadas.
Los ataques al transporte público y los delitos investigados
El expediente incluye ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, así como agresiones contra policías y ciudadanos.
Entre los delitos imputados figuran concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público.
Durante la diligencia, la Fiscalía explicó que la evidencia apuntaría a una asociación entre varios procesados para cometer actos ilícitos. Sin embargo, señaló que no todos los hechos permitirían establecer la existencia de una organización creada para ejecutar acciones terroristas de manera permanente. Lea: Migración Colombia expulsa a 98 venezolanos de Medellín por antecedentes y reincidencia
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Según el ente acusador, el uso ocasional de elementos artesanales, como papas bomba y bombas molotov, elaborados con materiales de fácil acceso, no demostraría por sí solo la existencia de una infraestructura logística compleja ni una estructura dedicada de forma continua al terrorismo.
#PrimiciaBlu La Fiscalía confirmó que actualmente avanzan diálogos para realizar preacuerdos o terminaciones anticipadas con los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por una serie de ataques violentos y actos de vandalismo ocurridos en… pic.twitter.com/1zlL4rzHYO
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 12, 2026
Fiscalía cuestiona el alcance del delito de terrorismo
La representación del ente investigador también citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para sostener que la configuración del delito de terrorismo exige demostrar una finalidad específica, relacionada con provocar o fomentar incertidumbre colectiva sobre la tranquilidad pública. La utilización de medios peligrosos o la ejecución de actos violentos no sería suficiente por sí sola.
Asimismo, indicó que las pruebas no permitirían establecer una estructura jerárquica con relaciones de subordinación y mando entre los integrantes. Sobre alias Salvatore, advirtió que la influencia pública, la participación en reuniones o la capacidad de convocatoria no acreditan necesariamente un liderazgo formal.
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TransMilenio y la Universidad Nacional fueron reconocidas como víctimas
Durante la audiencia, TransMilenio y la Universidad Nacional fueron reconocidas como víctimas dentro del proceso, una decisión que las defensas rechazaron.
El caso también ha generado controversia por las hipótesis investigativas sobre una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio.
La presentación de los preacuerdos continuará la próxima semana. Mientras tanto, los términos de las negociaciones podrían sufrir modificaciones y alguno de los procesados podría retractarse antes de que se complete el trámite judicial correspondiente.
