Un falso fiscal, que ni siquiera tenía título de abogado, logró que a Wiston le dieran 25 años de cárcel. La pena quedó en firme incluso después de ser revisada por la Corte Constitucional, que determinó que aunque el fiscal no era real, había hecho un buen trabajo durante las audiencias, hasta que lo capturaron por fraude.
Publicado por: K.D.
En realidad al alto tribunal poco o nada le importó que Walter Enrique Asuad se hubiera hecho pasar por abogado para infiltrarse en las audiencias; tampoco que haya falsificado sus títulos para quedar en la planta de la Fiscalía; mucho menos que le hayan asignado casos que escalaron incluso hasta la etapa de juicio.
Ni siquiera fue relevante que las autoridades le hayan dictado sentencia al ficticio litigante por los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y falsedad en documento privado.
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Al parecer, lo importante para la Corte fue el cómo y no el quién, incluso resaltaron la labor de Asuad luego de que lograra llevar a cabalidad los procedimientos en todas las etapas para juzgar a Wiston y lograr una condena por homicidio agravado.
“Esta decisión sienta un pésimo precedente. Y es que alguien que se haga pasar por juez o fiscal podría tomar decisiones en contra de un ciudadano. Es un fallo muy grave que revela la poca sensibilidad frente a los derechos humanos”, dijo el abogado Francisco Bernate a El Colombiano.
Wiston agotó todos los recursos para tumbar el expediente que le abrieron en noviembre de 2004 cuando se desempeñaba como agente del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y le disparó a un sicario que había expresado su voluntad de entregarse. Según la sentencia, en ese momento Wiston “desenfundó su arma y le disparó un tiro en la cabeza ocasionándole la muerte”.
Tras lo sucedido, Wiston y uno de sus compañeros de la entidad fueron capturados y dejados en detención preventiva mientras avanzaba el caso. Y para septiembre de 2010, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario asignó la investigación al Fiscal Décimo, Walter Enrique Asuad, que ya llevaba tiempo trabajando para la institución sin levantar ninguna sospecha de su falsedad.
A partir de ese momento el caso comenzó a correr y el fiscal ficticio a tomar decisiones. En mayo de 2011, Asuad decretó el cierre de la investigación y más tarde, en diciembre, anuló el proceso contra el compañero de Wiston, y a él lo acusó como autor del delito.
Cayó el falso fiscal
En ese momento, la defensa de Wiston lanzó un primer llamado para declarar la nulidad por falta de competencia del Fiscal Décimo, además argumentó que había irregularidades en el proceso. Pero a pesar de las alertas de la defensa que apuntaba a errores durante los procesos, el Juez Primero Penal del Circuito de Arauca negó la solicitud de nulidad porque determinó que Asuad sí era competente, incluso este logró llevar el caso hasta la etapa de juicio.
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Durante el proceso, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca absolvió a Wiston por considerar que actuó bajo “legítima defensa subjetiva o putativa” y ordenó su libertad inmediata. Y como si se tratara de un juego paralelo, mientras Wiston salía de prisión, el fiscal que lo juzgó, Asuad, apenas entraba a la cárcel.
En marzo de 2013, al falso abogado se le cayó la fachada, fue capturado y posteriormente imputado por los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y falsedad en documento privado. Asuad aceptó todos los cargos y fue condenado por el Juzgado Trece Penal del Circuito.
Sin embargo, el caso de Wiston no terminó ahí. La Fiscalía apeló la decisión del Juzgado que lo absolvió, aun conociendo que Asuad lo había juzgado mientras no era fiscal, y 6 años más tarde, en noviembre de 2019, el proceso volvió a cobrar vida.
Esa vez, la Sala de Casación Penal, integrada por cinco magistrados, declaró a Wiston como responsable del delito de homicidio agravado y le dictó finalmente una pena de 25 años de prisión.
La respuesta de la Corte
Según la sentencia, el Fiscal Décimo no reunía las condiciones para ejercer el cargo. Específicamente, señala que dicho funcionario no contaba con título de abogado y violó el debido proceso, porque la acusación, base del juicio, fue proferida por un funcionario incompetente. Bajo esos motivos la defensa de Wiston quiso impugnar la decisión de condena.
“El Fiscal Walter Enrique Asuad, quien cerró la investigación, dictó la resolución de acusación e intervino en el juicio hasta la audiencia preparatoria, no era abogado. Se pudo determinar que aquel falsificó su título y tarjeta profesional y, con todo, fue nombrado en el cargo de fiscal”, dijo la defensa que estimó sus actuaciones como inexistentes y las pruebas recaudadas como ilegales.
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Sin embargo, la Sala de Casación Penal aceptó los actos jurídicos de Asuad al considerarlo bajo la figura de “funcionario de hecho” y destacó que la mayoría de las pruebas ya habían sido recaudadas por los fiscales anteriores, por lo que no realizó ninguna actividad relevante.
No contenta con la decisión, la defensa de Wiston interpuso una tutela alegando la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. El caso escaló hasta la Corte Constitucional que de igual manera se mantuvo en las decisiones de los tribunales anteriores.
“La intervención del Fiscal Décimo en el proceso penal seguido en contra del accionante respetó el debido proceso de este. Pese a que la persona que ocupaba el cargo no contaba con título profesional de abogado (...) no se vulneraron las garantías constitucionales del debido proceso”, concluyó el alto tribunal con casi todos los votos a favor.
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A Wiston no le queda de otra que cumplir con su pena tras la negativa de todos los tribunales en los que intentó tumbar el proceso que se adelantó en cabeza de un falso fiscal.
“Esta decisión deja a un ciudadano condenado sin ningún tipo de recurso. Podría acudir a la CIDH pero es un proceso muy largo. Tendrá que responder a una condena de 25 años por un fiscal que falsificó sus títulos, que ni siquiera ostentaba la condición de abogado, pero todo con el visto bueno de la Corte”, concluyó Bernate.
Tomado de El Colombiano.
