jueves 23 de julio de 2020 - 11:20 AM

Los inservibles bienes de las Auc para reparar a las víctimas

En el inventario del Fondo para la Reparación de las Víctimas, FRV, reposan 1.624 bienes entre muebles e inmuebles que, en su momento, pertenecieron a los grupos paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz.
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Este fondo, que existe desde 2012 y hace parte de la Unidad para las Víctimas, aparte de administrar esos bienes debe monetizarlos para el pago de las indemnizaciones de los afectados, que según la Unidad, serviría para reparar hasta ahora a las más de 390 mil víctimas declaradas sujetas de reparación en sentencias en procesos de la nombrada Justicia Transicional.

Sin embargo, la labor del fondo se pone cuesta arriba cuando, en algunos casos, los bienes muebles e inmuebles y los otros objetos recibidos son inservibles o carecen de valor material.

Varios de esos casos fueron conocidos por El Colombiano. Uno de ellos cabe en un puño: es una medalla con la que los jefes paramilitares premiaban a sus combatientes; otro se puede escuchar, es un corrido prohibido compuesto por un excombatiente y cuyos derechos hacen parte del FRV; uno más solo se ve cada seis meses y es un terreno que se puede pisar cuando no está inundado por el río Vichada y, los dos últimos son redes eléctricas ilegales, una instalada en el Oriente antioqueño y otra en el Meta.

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En el caso de la medalla, esta fue una entrega del desmovilizado y postulado a la ley de Justicia y Paz, Aníbal de Jesús Gómez Holguín, excombatiente del Bloque Central Bolívar de las extintas Auc en 2013. Es un elemento de oro, plata y cobre que, según se recopiló en las audiencias ante los tribunales, era otorgada a las personas por sus actos “sobresalientes contra la Fuerza Pública o la guerrilla”.

El predio en el medio de un río, se trata de dos “islas” dadas en 2011 por el desmovilizado José Delfín Villalobos Jiménez, quien integró las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada.

Según la Unidad para las Víctimas, los terrenos conocidos como Carimagua 1 y 2 “están el 80 % del tiempo inundados, toda vez que hacen parte de las áreas internas del río Vichada. Esto imposibilita realizar algún tipo de actividad económica”.

En relación al corrido prohibido, el FRV recibió los derechos de participación de una producción musical entregada por el exparamilitar Oliverio Isaza Gómez, hijo del excomandante de las Auc, Ramón Isaza. “El 2 de mayo de 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la retención del 50% de los derechos del contenido patrimonial de dicha producción”, dicen desde el FRV.

Sobre las redes eléctricas, el Fondo para la Reparación de las Víctimas detalla que se trata de tres estructuras entregadas por otros exparamilitares. Dos de ellas, ubicadas en el municipio de Sonsón, Antioquia, y otra en Puerto Gaitán, Meta, fueron construidas sin el cumplimiento de normas técnicas, “por tanto son obsoletas y cuesta más el desmonte y la comercialización del activo que los ingresos que puedan producir por su venta”. La tercera red es usada por la empresa Codensa, según el Fondo de Reparación.

A este tipo de bienes, se le suman vehículos sin motor o caja de cambios, vajillas en mal estado que hacen parte de un inventario con el que los grupos paramilitares intentan resarcir el daño causado.

Representantes de víctimas como Amparo Mejía, de la corporación Madres de la Candelaria, expresan que ese tipo de bienes son una falta de respeto para las personas que sufrieron del conflicto armado en el país. “¿Para qué un predio en el que no se puede hacer nada o un vehículo que no funciona? Eso es revictimizar a miles de personas que no eligieron participar en una guerra provocada por ellos, más cuando deberían estar comprometidos con darnos verdad y una reparación justa”, expresa Mejía.

La seguridad, el otro lío

Desde el FRV explican que normalmente se encuentran con infraestructuras en ruinas, ocupaciones de terceros no autorizadas, existencia de gravámenes anteriores a la recepción como hipotecas y embargos, y bienes cuya ubicación geográfica o topografía, vías de acceso o condiciones de seguridad imposibilitan su administración.

En zonas como el Bajo Cauca antioqueño, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, entre otras, funcionarios del FRV han recibido amenazas directas de los grupos armados ilegales.

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“Cuando se tiene que hacer la recepción de un bien en zona roja, normalmente vamos acompañados por la Fiscalía y la Fuerza Pública, pero el problema está después de eso, porque para el FRV es muy difícil volver por las condiciones de seguridad, incluso contamos con entregas que no ha sido posible inspeccionarlas desde hace años”, explica Miguel Avendaño Hernández, director del Fondo para la Reparación.

Uno de los principales problemas con esta situación es que, tal y como lo explican desde la Unidad para las Víctimas, el fondo no puede hacer venta directa. “Por normatividad, toda venta debe ser por medio de subasta electrónica, mediante el sistema de puja simple”. De ahí la dificultad para convertir en dinero objetos como una medalla.

Añade la entidad estatal que los costos asociados a la administración de los activos que no tienen sistema de administración rentable vigente son los siguientes: $8.600.00 mensuales por puntos de vigilancia, $1.600.000 de implementación de consejerías y $4.000.000 mensuales para el bodegaje.

En busca de más dinero

Al 17 de julio de 2020, el Fondo de Reparación para las Víctimas ha logrado comercializar 12 bienes inmuebles por un valor de $4.203.082.300, mientras que los ingresos obtenidos por los arriendos, en vigencia de 2019, sumaron un total de $2.183.501.723, los cuales fueron destinados a la reparación e indemnización.

Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, explica que existe una gestión de fuentes alternativas para la financiación del FRV. “Esta estrategia busca obtener recursos por fuentes externas a la administración de los bienes, como lo son donaciones y contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras”, dice el director.

Añade que el producto de las multas impuestas a los individuos o a los grupos armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y administrativos, el monto de la condena económica de quienes han sido sentenciados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley, y el dinero establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por empresas que han financiado a grupos armados al margen de la ley, también hacen parte de esa financiación externa.

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