jueves 09 de abril de 2020 - 12:00 AM

Lupa a más de dos mil contratos para ayudas por COVID-19 en el país

Hay evidencia de sobrecostos en la adquisición de productos para llevar mercados a las poblaciones más vulnerables del país.
Escuchar este artículo

El procurador Fernando Carrillo anunció que desde el Ministerio Público le pusieron la lupa a 2.017 contratos firmados en el marco de la contingencia que padece el país por cuenta del COVID-19.

Señaló que hay delitos de por medio, por lo que no descarta compulsar información a la Fiscalía sobre tales actuaciones.

“Robarse los recursos de los pobres es un delito. Aparecen talleres de mecánica repartiendo mercados. No deben utilizar los mercados para hacer política en medio de esta contingencia”, señaló el jefe del ente de control.

Indicó que, junto con la Contraloría le pondrán la lupa a los contratos celebrados que oscilan hasta en $800 mil millones.

Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos diferentes, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia, o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas.

Lea también: Ojo: Ministerio de Salud vuelve a advertir acerca de fraudes y robos.

Por ello, el lente está sobre las entidades que realizan acciones indebidas con los recursos. Los entes de control aseguraron que se están verificando conductas que no son admisibles, como la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies y la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada, que se ha visto afectada por la pandemia.

Además de ello, la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia, los contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del COVID-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente.

Del mismo modo les pusieron la lupa a los contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica, cuyo objeto social es la organización de eventos sociales.

La revisión de contratos incluye también aquellos celebrados para el suministro de un número determinado de kits con elementos de aseo, que son entregados de forma parcial o incompleta, y contratos que no son publicados oportunamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.

Finalmente, indicaron que es deber de las entidades territoriales preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la ‘Tienda Virtual del Estado’ colombiano, que hoy pone a disposición, elementos tales como alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros.

Por su parte, el contralor General, Felipe Córdoba, le dijo en entrevista a RCN Radio que tiene casos de compras de atún por $19.000 en Arauca o jabones a $33.000 cuando normalmente cuestan $6.000.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad