La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión al exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza Arango, y a otros 59 exintegrantes de ese grupo, a los que encontró culpables de crímenes de lesa humanidad.
En el caso de Isaza, la Sala encontró que era culpable de 1115 conductas punibles, entre ellas, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado de población civil, violencia basada en género, reclutamiento ilícito y tortura.
Según la sentencia, los orígenes de este grupo de autodefensas se remontan incluso a 1977, cuando surgieron los ‘Escopeteros de Ramón Isaza’, para luego pasar a ser parte de las Autodefensas de Puerto Boyacá (1984-1990).
Tras una serie de atomizaciones y peleas con el Cartel de Medellín, en especial con su principal líder, Pablo Escobar, el exjefe paramilitar decidió separarse, lograr su independencia y crear las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
El fallo destaca la manera como este grupo paramilitar utilizó la limpieza social como una política de la organización. Es decir, de acuerdo con el fallo, esta empezó a usarse desde finales de los años setenta, como estrategia militar para ingresar a las zonas de influencia guerrillera: “operación limpieza era limpiar la zona de campesinos colaboradores de la guerrilla”.
Sin embargo, no tardó mucho en empezar a dirigirse hacia los vendedores de estupefacientes, violadores, ladrones y pervertidos, con el objetivo, según las declaraciones de Ramón Isaza, “que la gente estuviera tranquila; además, se hacía por la misma solicitud de los campesinos o pobladores, ellos decían quién era quién o quién hacía las cosas mal hechas. En otras oportunidades, las autoridades no lograban solucionar los problemas de convivencia social o los delegaban a la organización”.
Esto se llevó al extremo, según el fallo, porque se empezó a dirigir a todas aquellas personas con “rasgos físicos rechazados, considerados peligrosos y relacionados con personas que exhibían estado de indigencia, signos visibles de consumo de estupefacientes, inseguridad e ilegalidad, anormalidad física (discapacitados o enfermos mentales), cabello largo que representa homosexualismo y satanismo, comportamientos reprochados, por ejemplo, personas con antecedentes judiciales, ladrones, violadores, agresores de sus padres, gente improductiva o desempleada, ocupación o caracterización fuera del modelo de aceptación, siendo este el caso de la comunidad LGBTI, quienes desempeñaban trabajos sexuales, pitonisas(os), pandilleros, etc.”.
Por otro lado, el tribunal se refirió a los actos de violencia, que sucedieron en la llamada prisión paramilitar ‘La Isla’, en donde se presentaron, de acuerdo con el Tribunal, hechos de tortura, trata de personas, esclavitud y trabajos forzados.
A este lugar, de acuerdo con el fallo, eran llevados y sometidos a trabajos forzosos niños y jóvenes por ser señalados por la organización armada de cometer cualquier clase de hurto sin importar el valor del objeto. Al igual que eran llevados por ser sindicados de cualquier comportamiento inadecuado, para enlistarlos en la organización criminal.
Allí también fueron llevadas varias personas para realizar trabajos forzados y satisfacer sexualmente a los paramilitares, agresiones que eran conocidas y permitidas por el comandante máximo. Incluso, en el lugar fueron objetos de agresión sexual los propios integrantes de las autodefensas, cuando se les buscaba castigar, por ejemplo, por intentar desertar del grupo armado ilegal.
El fallo también condena el reclutamiento de menores, que de una manera persistente practicó el grupo, pues debido a las disputas territoriales, integró a sus filas un alto número de menores de edad.
Aunque el fallo ya fue dictado y está publicado en la página web de la rama judicial, no alcanzó a ser leído en la audiencia virtual programada para la tarde de este miércoles. Fue dado a conocer a las partes y será leído en una audiencia pública el próximo jueves 29 de abril.
