Un fallo de tutela (T-835 de 2010) dispuso que las entidades privadas que presentan servicios públicos, están en la obligación de disponer de una fila preferencial para atender a las personas de la tercera edad.
Publicado por: COLPRENSA
Así lo señaló la magistrada María Victoria Calle, integrante de la Corte Constitucional, al conocer el caso de José Ignacio Villarraga, quien se vio obligado a interponer una acción de tutela contra la EPS Famisanar.
El demandante, además de cuestionar la decisión de la EPS en cuanto a la obligación de trasladarse hasta Bogotá para poder atender sus dolencias, rechazó los trámites o 'dilaciones injustificadas' y las largas filas a las que se vio enfrentado para acceder a sus servicios.
'He pasado peticiones para que mejoren el servicio, sin embargo, de nada ha servido, pues para cualquier consulta debo esperar al frente de los consultorios haciendo largas filas y recibiendo trato discriminatorio por parte de sus empleados', señala el ciudadano en su tutela.
De acuerdo con la Corte Constitucional, la atención preferencial que requieren las personas pertenecientes a la tercera edad, deberá prestarse sin que se ignoren los derechos que le asisten a los niños y niñas, así como los usuarios discapacitados o las mujeres embarazadas, más aún cuando están cercanas al momento del parto.
