El reciente fallo de la Corte Constitucional, que invalida la existencia del Ministerio de la Igualdad, pone de manifiesto cómo las mayorías del gobierno en el Congreso han promulgado leyes sin adherirse a las normativas establecidas, lo que abre la puerta a errores graves como este.
Publicado por: Colprensa
La aplanadora legislativa que tuvo Gustavo Petro en el arranque de su gobierno en el segundo semestre del 2022, le ha empezado a pasar factura, y no sólo representada en la llamada ‘mermelada burocrática’, sino en particular porque varias de esas leyes que le aprobaron con el paso del tiempo y su convalidación en la Corte Constitucional han empezado a tener serios problemas.
Un golpe contundente lo dio el máximo tribunal en noviembre del año pasado, cuando tumbó la prohibición de deducir las regalías petroleras que habían quedado en la reforma tributaria, la primera gran ley que le votó el Congreso. La reacción del presidente fue muy dura contra la Corte, al acusarla que el fallo amenaza con reducir el presupuesto de la justicia y que se “les regalan impuestos a las empresas”.
También para la misma época en que se tramitó la reforma tributaria, Petro quiso empezar a cumplir una promesa de campaña, crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, casi que el compromiso que tuvo con la entonces líder afro y social, Francia Márquez, quien se terminó convirtiendo en su vicepresidenta.
Ante el inminente cierre del periodo de sesiones, el gobierno llevó a que la maquinaria legislativa aprobará, sin tener cuidado a grandes advertencias de los vicios con el que se tramitó el proyecto, en especial que como era la creación de una nueva entidad del Estado la misma, como lo ordena la ley, debe tener el llamado visto financiero del Ministerio de Hacienda de que sí tiene el presupuesto para funcionar.
Ese fue precisamente el principal argumento que tuvo el máximo tribunal para tumbar al nuevo ministerio que es liderado por la vicepresidente Márquez, que no tuvo el aval fiscal, por lo que le abrió una opción para subsanar ese y otros vicios de procedimiento que encontraron, volver a presentar el proyecto y lograr que antes del 20 de julio de 2026 esté aprobado.
En su momento una de las voces que desde la oposición más evidenció los errores que llevaron a cometer los presidentes de entonces del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien además le ha hecho un seguimiento al detalle de cómo va la implementación del Minigualdad y la baja ejecución del mismo.
Motoa hoy sostiene que “desde el primer momento que tuvimos oportunidad de discutir la creación del Ministerio de la Igualdad en las Comisiones Conjuntas, advertí que era un proyecto inconveniente, innecesario, en contravía de la Carta Política”. Para el senador opositor la ley “era un claro embeleco burocrático para cumplirle a la vicepresidente Márquez… siempre mantuve mi argumentación y luego se creó por las mayorías que hicieron oídos sordos a las advertencias. Sostuve un control político riguroso y demostramos que existe en ese ministerio duplicidad de funciones, que hay una bajísima ejecución presupuestal y solo se han preocupado por ocupar un sinnúmero de viceministerios y de direcciones técnicas que no tienen paralelo con otro ministerio en el país”.
Recuerda que una situación similar pretendió hacer el gobierno con la reforma a la salud que se hundió, por cuanto la misma nunca tuvo el mensaje de viabilidad financiera de parte del Ministerio de Hacienda, como tampoco en la reforma pensional, que está por debatirse en la Cámara, en la que para el Senado hay claras señales que la misma será ilegal porque entra de lleno a disponer de los recursos de la pensión de los colombianos cuando no lo puede hacer Colpensiones que es el gobierno.
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“Basta ya del populismo, de falta de rigurosidad en discusión de iniciativas. Seguiremos con rigurosidad y determinación defendiendo los intereses de los colombianos”, estima el congresista valluno de Cambio Radical.
Junto a Motoa, fue muy sonora la postura de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien sostuvo que “es un ministerio, que como les he contado, era pura burocracia. Un billón trescientos mil millones de los cuales 900 mil millones eran para puestos para repartir y apenas 400 mil millones para la inversión que se necesita realizar para los colombianos”.
Para la senadora uribista “este precedente muestra que todas las reformas del Gobierno están heridas de muerte porque están haciendo política irresponsable, simplemente aprobando proyectos sin saber cuánto valen”.
Entre las consideraciones que tuvieron los magistrados para tumbar el Minigualdad estuvieron las expuestas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien dejó una declaración del porqué hizo su salvamento del voto. Para el togado la Corte no debió haber dado dos años para subsanar los vicios de trámite, porque esos errores fueron muy graves comenzando porque se votó si tener el quorum decisorio.
Otros golpes de la Corte
Pero los golpes de la Corte Constitucional al gobierno nacional no sólo se quedan en el Minigualdad y la parte de la reforma tributaria. Hace poco menos de un año, en julio pasado, el gobierno declaró la emergencia social y económica para atender la crisis social que se vive en La Guajira.
En total se emitieron 14 decretos, los cuales con el paso de los meses se fueron cayendo en su examen ante la Corte Constitucional, que consideró que no todo ese paquete de normas que esgrimió el gobierno eran necesarios para atender la crisis del agua en el departamento, como por ejemplo el que establecía la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, como también el que se firmó para proteger la riqueza cultural de la comunidad wayúu.
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Hace menos de dos meses, la Corte Constitucional también echó por el piso la reforma que se hizo para cambiar el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial Colombiana, denominación que, para Gustavo Petro, reflejaba las nuevas realidades y responsabilidades de esa institución militar. La Corte consideró que el Congreso no tenía la facultad para cambiar el nombre a través de una ley ordinaria porque iría en contravía del artículo 217 de la Constitución.
Lo referente a las petroleras no fue lo único que le tumbó la Corte a la reforma tributaria, también estuvo la norma que ordenaba a las universidades asumir los intereses por préstamos que realizaran los estudiantes ante el Icetex, como también el artículo referente a la prórroga en los decretos de medidas especiales en procesos de insolvencia de las empresas en el marco de la pandemia de Covid -19.
La Defensa de Francia
La airada defensa a la institucionalidad del Ministerio de la Igualdad vino de la directamente interesada, su ministra y vicepresidente de la República, Francia Márquez, quien sostuvo: “los colombianos y colombianas tienen la certeza que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a seguir trabajando durante nuestro gobierno por resolver las inequidades y las desigualdades que vive en la mayoría de los colombianos y colombianos”.
Para la vicepresidente no hay razón para que desaparezca una entidad que viene trabajando de lleno con las mujeres, los jóvenes y la población más vulnerable. “Respetamos la decisión, pero no la compartimos y dejamos aquí en esta mesa expresada nuestra posición frente a la decisión de la Corte en términos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y decirles como ministra que aquí seguimos firme porque ese fue el compromiso del Gobierno y vamos a seguir firmes trabajando por la gente y firme trabajando por la transformación de este país hasta que la dignidad se haga costumbre”.
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Al defender la estructura del ministerio, Francia Márquez aseguró que se tienen millonarias inversiones en iniciativas como Hambre-Cero, que arranca en este mes, en el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, que es el medio para ejecutar los recursos, “vamos a entregar alimentos, ollas comunitarias, a fortalecer comedores comunitarios y las iniciativas de producción de alimentos en los territorios más excluidos y marginados, todo esto después de hacer un mapeo y una identificación para enfocar la inversión”.
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La vicepresidente y ministra sostuvo que la ley que creó el Ministerio fue sancionada el 4 de enero del año pasado y solo hasta el 29 de junio se expidieron los decretos que crearon el Sector de Igualdad y Equidad, la estructura y la planta de personal del Ministerio. “Entre julio y agosto avanzamos en el proceso de constitución de la entidad, que implicó tramites con la Contaduría General de la Nación, la Dian y el Ministerio de Hacienda. Avanzamos en la vinculación del personal de apoyo, en crear la página en internet para publicar las hojas de vida, mejor dicho, todo lo que se exige normativamente”.
Precisó “hemos hecho un trabajo para la creación física de un ministerio que no surge de la transformación de una entidad a otra, como sí sucedió con los ministerios de Deportes o de Cultura, por poner dos ejemplos. Es decir, en esos otros casos ya había una entidad que tenía personal, un lugar para trabajar, presupuesto, programas, pero nosotros hemos tenido que empezar de cero. Ha sido un camino largo, pero hoy puedo decir que contamos con 23 programas, ocho de ellos listos para arrancar. Una cosa es tener una ley que crea una institución en el papel y otra cosa es regular y darle orden a lo que dice ese papel, al igual que planificar y organizarla.
