Una acción de tutela presentada ante el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga reclama la intervención urgente de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.
El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió el pasado viernes una acción de tutela que busca el restablecimiento de las condiciones normales para el tránsito de la vía nacional denominada Ruta 45A, en el tramo que comunica a Bucaramanga con Bogotá, y la Transversal de Carare, en el tramo entre Landázuri y Barbosa.
La acción de tutela fue radicada por el abogado Sergio Arenas como representante legal de la Fundación Ciudadano Metropolitano y en calidad de agente oficioso de las comunidades de los municipios de Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe, Palmar y del área metropolitana de Bucaramanga.
En procura de la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la locomoción y la seguridad personal de las personas integrantes de dichas comunidades, se le solicitó una respuesta sobre esta crisis vial al Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Agencia Nacional de Infraestructura, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ministerios de Hacienda y Salud, Departamento Nacional de Planeación, Superintendencia de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja seccional Santander, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo seccional Santander, así como a la Gobernación de Santander.
Radiografía de los problemas viales en Santander
Estos tramos viales registraron en las últimas semanas graves problemas que afectan la movilidad en Santander. En el sector de La Charca, del municipio de Oiba, en la vía Bucaramanga – Bogotá, se registró el hundimiento y pérdida de banca. Precisamente, el pasado viernes transportadores y comunidades realizaron bloqueos intermitentes en los peajes de Pescadero, Curití y Oiba, ubicados sobre la Ruta 45A. La comunidad asegura que el tránsito se habilitará cada hora hasta que se logre un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre el arreglo de la deteriorada malla vial entre Bucaramanga y Bogotá. Le puede interesar: Realizan bloqueos intermitentes en los peajes de la vía Bucaramanga - Bogotá
A su turno, la Transversal de Carare registra graves problemas. El más reciente ocurrió el pasado 27 de octubre en la vereda Zarandas, de Vélez. En este sector se presentó un deslizamiento de tierra y destrucción de la calzada, producto de una falla geológica. Según autoridades y comunidad, son cerca de tres kilómetros de vía los que quedaron destruidos por la remoción en masa de tierra. El daño abarca cerca de 150 hectáreas, ubicadas en los kilómetros 27, 28 y 29. En otros sectores de la Transversal del Carare, que comunica a Cimitarra, Landázuri, Vélez y Barbosa, el estado de la vía empeora cuando llueve, ya que el terreno se vuelve resbaloso, los huecos se llenan de agua y se generan todo tipo de accidentes. En el paso de esta vía por Santander hay, en promedio, 15 puntos críticos. De hecho, en los 54 kilómetros que separan a Landázuri de Vélez, cerca del 40 % del pavimento está deteriorado: hay derrumbes, no hay señalización y en algunos tramos es casi imposible transitar. Le puede interesar: Reparar Transversal del Carare tardaría, al menos, tres meses
Plazo para un pronunciamiento de las entidades sobre vías en Santander
El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga les otorgó dos días a las entidades públicas referenciadas para que entreguen informes sobre las acciones desarrolladas en estos tramos viales. De manera especial, se le requirió al Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “para que dentro de los correspondientes escritos de contestación a la presente acción de amparo constitucional alleguen informe en el que consten las copias de las peticiones radicadas ante esas dependencias por líderes comunales y alcaldías, donde se alertaba sobre el deterioro progresivo de las vías Ruta 45A y Transversal del Carare antes del colapso, y, de existir, las respuestas institucionales emitidas a dichas peticiones”.
Además, se requirió a los personeros de los municipios de Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe y Palmar para que “rindan informe de las gestiones adelantadas frente a la emergencia vial descrita. Además de las peticiones o alertas elevadas ante el Ministerio de Transporte, Invías, ANI o UNGRD, la situación humanitaria, de movilidad y de riesgo de las comunidades del municipio, las afectaciones observadas en salud, educación, abastecimiento y economía local”. También deberán anexar testimonios, denuncias y relatos de la población afectada.
La jueza Quinta Administrativa Oral, Andrea Catalina Serrano, también solicitó al Invías, la ANI, el Ministerio de Transporte y la UNGRD que relacionen los contratos de mantenimiento y obras en ejecución en la Ruta 45A y Transversal del Carare. Frente a la Gobernación de Santander, se le requirió entregar un informe de las acciones locales de gestión del riesgo implementadas y los requerimientos o solicitudes elevadas al Gobierno Nacional frente a estas dos vías
