El proyecto no incluyó el impuesto al patrimonio, es decir que no toca a quienes tienen bienes superiores a $5.000 millones, ni el impuesto a las bebidas azucaradas.
Publicado por: Luisa Fernanda Ruiz Villamizar
El Gobierno Nacional radicó ayer, 20 de julio de 2021, ante el Congreso de la República el Proyecto de Inversión Social. El documento llegó con mensaje de urgencia y busca recaudar $15,2 billones al año para estabilizar las finanzas públicas.
En el articulado plantea la extensión de programas sociales, una mayor austeridad en el gasto público, fortalecer lucha contra la evasión, impulsar la formalización y la realización de un aporte solidario del sector empresarial, entre otros.
De acuerdo con José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, la iniciativa beneficiará a 7,8 millones de hogares, cerca del 50% de las familias colombianas, quienes recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19.
El ministro Restrepo destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.
Daniel Velandia, Economista Jefe en Credicorp Capital, aseguró que la reforma tributaria planteada puede considerarse una buena señal, especialmente porque pocos países del mundo están proponiendo aumentar impuestos en la actual coyuntura. Sin embargo, destacó que, a diferencia de la reforma propuesta en abril, son las empresas las que deberán llevar la mayor carga del ajuste fiscal.
Para el experto, esta carga tributaria a las empresas implicará un impacto en la inversión. “De hecho hace cerca de tres años se planteó el recorte de las tasas corporativas para fomentar la inversión privada y el crecimiento económico, entonces al devolver parcialmente esas medidas, tendremos un efecto a mediano plazo sobre la inversión y el crecimiento económico, lo que implica que a futuro se debe plantear otra reforma para balancear las cargas en una mayor medida hacia personas naturales”
El Proyecto de Inversión Social pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.
No obstante, el proyecto no incluyó el impuesto al patrimonio, es decir, que no toca a quienes tienen bienes superiores a $5.000 millones, con lo que se tendría un recaudo de $20 billones; ni el impuesto a las bebidas azucaradas, que recaudaría $1 billón anual, entre otras iniciativas que, para los expertos, contribuirían a las finanzas del Estado.
