Los resultados de Fedesarrollo indican que el aumento en los costos laborales producto de las medidas establecidas por la reforma sería del 18,6 %. Esto generará una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final.
El Gobierno nacional ha presentado sus propuestas de reformas en el frente laboral y pensional, que deben examinarse de forma integral, en la medida en que la muy baja cobertura del sistema obligatorio pensional actual (25 %) se debe esencialmente a la alta informalidad laboral (actualmente en 58 % de la población ocupada).
En este sentido, de acuerdo con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, “los objetivos de aumentar la cobertura pensional y reducir la informalidad laboral son realmente dos caras de una misma moneda: no será posible mejorar la cobertura en el sistema obligatorio de pensiones si no se hacen esfuerzos por reducir la informalidad laboral”.
Para contribuir a la discusión de estas dos reformas, Fedesarrollo publicó ayer 30 de marzo un documento técnico denominado “Análisis y recomendaciones sobre las reformas laboral y pensional”.
En el documento, el director ejecutivo de Fedesarrollo concluye que, aunque la reforma pensional apunta en la dirección correcta, en su versión actual genera una afectación excesiva en el ahorro privado, aumenta el pasivo pensional en su componente contributivo y, en las condiciones actuales genera un ahorro insuficiente, lo que deteriora aún más la posición fiscal del Gobierno nacional.
“Además, que, si bien la reforma laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, sus medidas tendrán consecuencias indeseadas en los ocupados informales y los desempleados: el aumento en los costos del empleo formal provocará un aumento del desempleo y la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el componente contributivo del sistema de protección a la vejez”.
Impactos
En materia de impacto fiscal de la reforma pensional, los cálculos de Fedesarrollo indican en el escenario central un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez.
Este aumento se descompone en un aumento de 12,5 puntos del PIB producto del pilar solidario, 8,4 puntos del PIB por el pilar semicontributivo, y 9,3 puntos del PIB producto del pilar contributivo.
Estas estimaciones difieren de lo presentado por el Ministerio de Hacienda, que dice que lo reduciría en 12,3 puntos del PIB.
Por un lado, el Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos (12,5 puntos del PIB de acuerdo con nuestros cálculos).
Este valor debe incluirse porque lo relevante para la sostenibilidad fiscal es el costo fiscal del nuevo sistema de protección en la vejez, no solo el de uno de sus componentes.
Además, el Ministerio hace los cálculos con corte al 2070. Este cálculo tiene el inconveniente de dejar por fuera 30 años en donde el sistema de protección se vuelve más deficitario que en la situación actual. Los análisis de impacto de cambios en sistemas pensionales por diseño deben hacerse en los plazos más largos posibles, por lo que preferimos hacerlo con corte al 2100.
Finalmente, el Ministerio es más optimista en el supuesto de la tasa de interés real usada para descontar los flujos netos del sistema: usa una tasa del 4%, mientras que la usada por Fedesarrollo es de 3,4 %.
Laboral
En términos de la reforma laboral, la propuesta por el Gobierno está enfocada en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales.
Aunque este es un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo (11,2 % en el último trimestre móvil) y altas tasas de informalidad (57,9 % en el último trimestre móvil) es probable que estas medidas tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo formal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización.
En efecto, uno de los impactos de la reforma laboral es el aumento en los costos no salariales por cuenta del incremento en los costos de despido.
De acuerdo con el documento técnico, los costos de despido implícitos mensuales se multiplicarían por 1,9 veces, lo que generaría un aumento en los costos no salariales de 4 puntos porcentuales.
Esto equivale a reversar en un 30 % las ganancias observadas con la reforma tributaria de 2012.
En particular, nuestros cálculos indican que solo esta medida generaría un aumento de la informalidad laboral de hasta 2,1 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales.
Los resultados indican que el aumento en los costos laborales producto de las medidas establecidas por la reforma sería del 18,6 %.
Esto generará una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final (mayor inflación).
