Epa Colombia enfrenta un panorama legal complicado y sin muchas opciones de reducir su pena en el corto plazo.
Publicado por: Redacción Tendencias
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de cinco años y dos meses de prisión para la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. La decisión se hizo efectiva el pasado 27 de enero, cuando las autoridades ejecutaron su captura tras negarle la posibilidad de prisión domiciliaria.
La condena se basa en los actos vandálicos cometidos durante el paro nacional de 2019, cuando Barrera destruyó parte de la infraestructura de TransMilenio y difundió el hecho a través de sus redes sociales, lo que generó una fuerte reacción pública y el inicio de un proceso judicial en su contra.
A pesar de las críticas y las sanciones, Epa Colombia logró reinventarse y consolidar un exitoso negocio de productos capilares, lo que le permitió mantenerse vigente en el ámbito empresarial y mediático. No obstante, su situación legal cambió drásticamente cuando la Corte Suprema de Justicia negó cualquier recurso de apelación para modificar la sentencia.
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Según explicó el penalista Christian José Torres, la condena por instigación a delinquir con fines terroristas impide que Barrera acceda a beneficios como la prisión domiciliaria, en virtud del artículo 68A del Código Penal. Adicionalmente, el abogado resaltó que la aceptación de cargos por parte de su defensa pudo haber sido un error estratégico que limitó sus opciones legales.
Un aspecto clave en este caso es el impacto de la condena en la vida familiar de Barrera, quien en abril de 2024 se convirtió en madre junto a su pareja, Karol Samantha. La niña, llamada Daphe Samara se convirtió en el principal motivo de Barrera para buscar una reducción en su condena. Sin embargo, con la negativa a la prisión domiciliaria, la menor quedará al cuidado exclusivo de Karol Samantha, mientras que Epa Colombia solo podrá verla una vez por semana, en cumplimiento con las disposiciones legales para madres privadas de la libertad.
El equipo legal de Barrera continúa explorando alternativas para reducir su tiempo en prisión. Entre las opciones presentadas, han solicitado al gobierno del presidente Gustavo Petro que la designe como gestora de paz, lo que podría otorgarle beneficios judiciales.
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No obstante, hasta el momento, esta petición no ha recibido respuesta oficial. Paralelamente, su defensa busca que sea trasladada a otro centro de reclusión, argumentando que su estatus económico y su orientación sexual podrían representar riesgos para su seguridad dentro de la Cárcel El Buen Pastor, donde actualmente debe cumplir su condena.
La contundencia de la sentencia, sumada a la negativa de beneficios como la casa por cárcel, han generado gran controversia en la opinión pública. Aunque Epa Colombia ha demostrado resiliencia en el pasado, su futuro ahora depende de las decisiones judiciales y gubernamentales que puedan surgir en los próximos meses.
