El pulso político y el conflicto abierto que mantenían el Gobierno de Martín Vizcarra y el Congreso de Perú desde las elecciones generales de 2016 llegó a su clímax, con la disolución del poder Legislativo y el llamado a elecciones.
Con la disolución del Congreso y el choque de poderes, Perú vive días de incertidumbre sobre lo que va pasar en el futuro y se sumerge en la peor crisis política desde que recuperó la democracia en el presente siglo.
El país andino amaneció ayer con dos presidentes luego de una agitada jornada, en la cual el actual mandatario de la República, Martín Vizcarra, ordenó disolver el poder legislativo, aceptó la renuncia de su gabinete y convocó a elecciones de parlamentarios para enero de 2021.
En respuesta, el Congreso, dominado por la oposición especialmente el fujimorismo, suspendió temporalmente a Vizcarra por 12 meses bajo el argumento de “incapacidad moral” y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su reemplazo.
Esta coyuntura política, sin precedentes, en el Perú arroja pocas certezas sobre la situación legal y los efectos políticos de muchas de las determinaciones adoptadas tanto por el órgano Ejecutivo como por el Legislativo, que mantenían una pugna férrea desde hacía tres años, iniciada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 acosado por escándalo de corrupción de Odebrecht.
Se trata de la mayor crisis luego del “golpe de Estado” del expresidente Alberto Fujimori en el año 92, en la medida en que uno de los órganos de conducción del Estado peruano es disuelto, a juicio de Julio Benavides, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.
En ese sentido, agrega que es una crisis en un país polarizado que se veía venir, y considera, además, que hay una tendencia muy fuerte de la opinión pública a respaldar la decisión del Ejecutivo, que de esta manera, afianza su poder.
Por otro lado, destaca que Vizcarra ha logrado aquello que le da “fuerza” a sus decisiones, es que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, le han dado su respaldo irrestricto.
Entonces, el investigador peruano presume que hay un liderazgo hacia un nuevo proceso electoral, en la medida en que Vizcarra llama a elecciones para el próximo año.
Según él, los peruanos confían en que “ese Congreso obstrucionista desde el primer momento, desde que Kuczynski asumió la Presidencia; ese Congreso que resolvió leyes en dos días como aquella que favoreció a Fujimori; ese Congreso que manejó a su antojo la Comisión de Ética desde la mayoría fujimorista y aprista, archivando procesos acusatorios contra varios de los congresistas; ese Congreso que le encarpetó la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones, deja de estar en funciones, lo cual era una cosa deseada”.
Sin embargo, para Benavides es claro que evidentemente hay un debate sobre si es constitucional o no la decisión de Vizcarra de disolver el Parlamento.
Incluso señala que la OEA ha hecho un llamado para que sea el Tribunal Constitucional quien decida si las acciones han sido constitucionales o no.
“Pero estamos frente a una situación de hecho”, advierte el docente de la ONU, quien no cree que la elección de la vicepresidenta Aráoz tenga efecto alguno en este momento, y lo que pasará es que se estabilizará la cuestión, teniendo en cuenta que “hay un consentimiento tácito” hacia Vizcarra.
Cuestión de interpretación
Si bien para el exterior se puede apreciar que Perú tiene dos presidentes, una imagen claramente representa un motivo de crisis muy fuerte, el periodista y analista político peruano Renzo Mazzei, considera que es algo que no tendría validez pese a ser una “situación muy sui géneris”.
Igualmente reconoce que la crisis se agudiza a partir del escándalo de Odebrecht, donde se empieza revelar una serie de pagos y sobornos a expresidentes, funcionarios de alto nivel y líderes de oposición en el país andino.
Explica además, que “tenemos a un presidente que interpreta el que se ha negado por segunda vez una cuestión de confianza de su gabinete y hace uso de una facultad que le otorga la Constitución, de disolver el Congreso que no significa cerrarlo, sino que convoca a una elección para completar el periodo parlamentario”, que va hasta el 28 de julio de 2021.
En estos próximos meses que restan del año, funciona el Congreso por medio de una Comisión Permanente, precisa Mazzei.
En lo que respecta al Congreso, cuestiona que se haya mostrado particularmente muy “obstruccionista”, no necesariamente en el marco legal y normativo, sino desde el punto de vista de su discurso político, en abierto desacuerdo con las acciones del Gobierno.
Es, además, dice, un Congreso muy “deslegitimado desde el punto de vista de la opinión púbica, efectivamente este en particular, que tiene una mayoría absoluta opositora, Fuerza Popular, con 73 congresistas”, lo cual da a entender que ya desde su arranque en julio de 2016 ha habido dos gobiernos paralelos en Perú, el Ejecutivo y el Legislativo.
