Un reciente artículo de The Economist ubicó a Colombia entre las cuatro economías con mejor desempeño en 2025. La mención es relevante y, sin duda, positiva para un país que va a cumplir 4 años de mucha incertidumbre política y económica. Sin embargo, conviene leer ese reconocimiento con cuidado y sin triunfalismos: buena parte de los factores que explican este desempeño no obedecen a una acción deliberada de la política económica del gobierno actual, y los desequilibrios de fondo siguen ahí, intactos.
El crecimiento reciente, la relativa estabilidad macro y el fortalecimiento del peso responden más a condiciones externas y a inercias previas que a decisiones estratégicas de política pública. El caso más evidente es la apreciación del peso colombiano. Lejos de reflejar un salto estructural en productividad, competitividad o confianza de largo plazo, responde principalmente a flujos de capital en dólares que ingresan al país atraídos por el diferencial de tasas de interés frente a Estados Unidos y otras economías. Son recursos financieros de corto plazo, volátiles, que pueden salir tan rápido como entran cuando cambian las condiciones monetarias globales.
Todavía persisten lunares significativos. La inflación, aunque ha cedido pero sigue por encima del 5%, lejos de la meta del Banco de la República. Parte de esa rigidez inflacionaria tiene una explicación clara: un exceso de gasto público que sigue presionando la demanda agregada y los precios, dificultando una convergencia más rápida y ordenada. Y ni hablar del aumento de la informalidad laboral en un escenario de bajo desempleo.
El frente fiscal es el mayor foco de preocupación con el déficit fiscal más alto de la historia. El presupuesto para 2026 nace con un problema serio: está desfinanciado, luego de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria que pretendía sostenerlo. Aun así, el gobierno se resiste a hacer los ajustes necesarios, atrapado en su lógica de corto plazo y en su afán de no perder terreno en las próximas elecciones.
Esta fragilidad fiscal no es gratuita. Ha elevado la percepción de riesgo país, encareciendo el costo de la deuda soberana y, por arrastre, el financiamiento para el sector privado. Cada punto adicional en la prima de riesgo es menos inversión, menos crecimiento potencial y más presión sobre el gasto futuro en intereses, justo cuando el margen fiscal es cada vez más estrecho.
El desempeño económico es bueno, y merece ser reconocido. Es un buen resultado con demasiados lunares: inflación persistente, fragilidad fiscal, deuda más cara y una dependencia peligrosa de flujos financieros de corto plazo. Celebrar sin corregir sería un error; el verdadero desafío está en transformar este buen momento en estabilidad duradera, algo que hoy aún está lejos de lograrse.
