Publicado por: Cartas Del Lector
Clamor por pronta solución a dolor veredal
Las veredas Mata Alta y Baja, Mensulí Grande y Chiquito, de Piedecuesta, población campesina con más de dos mil labriegos, vienen siendo afectados por una enfermedad que se ha desarrollado en los cultivos de plátanos ´, que al momento desconocen, unos dicen que es el mal de Panamá, otros expresan que es la sigatoka negra. Estos trabajadores del campo han acudido a las autoridades competentes desde hace más de un año y a la fecha no se han tomado las acciones pertinentes para contrarrestar el dolor que viene soportando esta comunidad campesina, sus trabajos son infructuosos. Vulneración al derecho al trabajo.
Lo más grave de esta crisis es, que las autoridades y funcionarios que les compete el manejo de la situación no ven la dimensión de los daños y perjuicios que causan al derecho al trabajo y a la calidad de vida de gentes que son dignas de consideración y respeto a sus derechos inalienables y garantías socioeconómicas que se merecen por su condición de trabajadores del campo, quienes no se pueden dejar a merced de la negligencia, mediocridad y desidia de autoridades y funcionarios que les importa poco el desarrollo y progreso del País.
Estas veredas carecen de muchos servicios, vías terciarias y agua potable, y ahora los azota directamente en sus labores esta plaga y lo peor, no tienen quien los ayude, sólo reciben menosprecio a sus peticiones. Olvidan sus esfuerzos y sacrificios en las faenas agrícolas. Sólo se persigue que se atienda y se amaine este dolor, con una real solución que merece esta comunidad que sufre.
Víctor Manuel Rangel Villarreal
Desde la vereda Árbol Solo del municipio de Curití
En el mes de Abril del 2022esta columna, muy amablemente, me publica una denuncia en contra de una mina que contamina. Hoy, casi un año después, como podrán suponer los juiciosos lectores, no ha sucedido nada. La mina continua, como dice la ranchera: “En el mismo lugar y con la misma gente”. Las mismas emisiones contaminantes, las mismas explosiones ensordecedoras, los mismos tracto camiones dañando las vías y ninguna respuesta de la Corporación Autónoma de Santander.
Para entrar en contexto; se trata de la mina CALIZAS Y GRANITOS ubicada en nuestra vereda y hace más de 10 años ha venido contaminando con una continua emisión de partículas esparcidas por un radio de más de un Km. El ruido ensordecedor de las máquinas se complementa con las continuas explosiones que generan agrietamientos en las viviendas aledañas. Hace ya cerca de dos años se presenta un derecho de petición a la CAS solicitando su intervención y pidiendo copia del acta de la última visita a la mina.
Como era de esperarse; en la respuesta explican que la visita se realizó, pero no han terminado el acta. Cosa que, si les creo, porque esta entidad del estado solo cuenta con un poco más de 700 funcionarios y si el acta la tienen que leer todos se gastan unos tres años para aprobarla. La CAS es de las muchas entidades del estado que les cayó como anillo al dedo la pandemia; pues como tiene tanta gente, no caben en las oficinas y una buena solución es la de cumplir el horario en casa.
En la nota del año pasado se solicitaba la intervención del Señor Gobernador, pero parece que no le llegó la razón, o se hizo el de la vista gorda pues la mina es propiedad de su familia. Algunos vecinos acudieron a la procuraduría, pero parece que esa entidad también tiene acciones en la mina porque hasta ahora no se ha pronunciado.
Hoy acudo formalmente a los amables lectores para que nos aconsejen que más podemos hacer por las vías legales para que dicha mina cumpla los requerimientos legales para su funcionamiento pues cada día es mayor el número de familias afectadas.
Gilberto Almeyda Almeyda
Criminales a la calle
Según el “ilustre ministro de justicia”, los asesinos condenados podrán disfrutar de las comodidades de un hotel, tipo cárcel, saldrán en la mañana con (desayuno y cena incluidos) a seguir cometiendo delitos y regresarán por la noche a dormir plácidamente en su cómoda habitación totalmente gratis y claro, a repartir el fruto de su “arduo trabajo diario” (matando, atracando y metiendo estupefacientes) osea, el gobierno los premiará y asumirá los gastos de alojamiento y vigilancia nocturna. Serán en Bogotá 6800, si lo multiplicamos por 10 en todo el país tendremos 68000 asesinos paseándose frente a los familiares de sus víctimas, demostrándoles que están libres y de pronto recibiendo chantajes y amenazas de seguir matando a los miembros de su familia. Es decir, presuntas leyes por y para criminales.
Hernán Alvarez Rueda
