Una buena práctica, por ejemplo, es la realización de los estudios del sector adecuados, completos y actualizados.
Una de las formas más directas que posee el Estado para poder cumplir con sus fines esenciales y satisfacer las múltiples necesidades públicas es, precisamente, la contratación pública. No obstante, diversos factores como los actos de corrupción; la ineficiencia en la ejecución de las obras y proyectos; y la opacidad en la información pública, entorpecen la correcta ejecución de recursos públicos y en consecuencia, la resolución de necesidades colectivas.
Frente a este panorama es imprescindible que las entidades públicas, además de dar cumplimiento a las normas y principios de la contratación estatal, implementen internamente una serie de buenas prácticas contractuales, que permitan la ejecución de procesos más transparentes y objetivos, que restablezcan la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la administración pública.
Una buena práctica, por ejemplo, es la realización de los estudios del sector adecuados, completos y actualizados. Constantemente se observan procesos contractuales cuyo estudio del sector es un “corte y pegue” de documentos sin mayor análisis, y en otros casos, suelen contener datos desactualizados, irrelevantes o incompletos, lo que conlleva a estimar requisitos de participación injustificados o que no guardan relación con la realidad del sector económico al que pertenece el objeto contractual. Los estudios bien elaborados permiten identificar con precisión las necesidades reales, estimar costos razonables y definir condiciones técnicas ajustadas a la realidad, reduciendo así la posibilidad de arbitrariedades y favorecimientos.
Por otra parte, también es necesario fortalecer el rol de los interventores y supervisores, quienes muchas veces carecen de independencia, capacidades técnicas o recursos suficientes para cumplir su labor de manera efectiva. Una supervisión robusta, con criterios técnicos y éticos claros, puede evitar problemas en la ejecución contractual, como retrasos injustificados, modificaciones infundadas en los contratos y, sobre todo, actos de corrupción. Además, sería importante incluir herramientas de monitoreo ciudadano, que permitan a la sociedad civil hacer veeduría de las obras y servicios contratados con dineros públicos.
Asimismo, es necesario asegurar el desarrollo de modalidades competitivas en la selección de contratistas. Aunque el estatuto de contratación ha establecido diferentes mecanismos para fomentar la competencia, en la práctica es frecuente la contratación directa o con poca pluralidad de oferentes, que impiden la competitividad y la posibilidad de escoger la mejor oferta a través de procesos que obedezcan a criterios de selección objetivos, claros y equitativos.
Estas, entre otras “buenas prácticas” en la contratación pública, requieren compromiso político de los gobernantes, si realmente se quieren lograr inversiones públicas más eficientes y transparentes y de tal manera garantizar que la contratación sea un verdadero motor de equidad y progreso, de cara a la resolución real de las múltiples necesidades sociales y económicas de las regiones.
