Colombia continúa siendo un país rezagado en materia de derechos ciertos, aún lejos del bienestar y del desarrollo con equidad y justicia social.
La vieja clase política y sus aliados, el consejo gremial y los grandes medios de comunicación, han levantado un verdadero bochinche nacional, sin fundamento legal, en una abierta y desesperada campaña contra la voluntad ciudadana de poner en marcha la CONSULTA POPULAR, establecida en los artículos 103 y 104 de la constitución nacional, instrumento creado para abrir espacios de decisión al pueblo en asuntos de transcendencia e interés nacional, previo concepto del senado de la república.
El programa de gobierno del presidente Petro fue aprobado con la elección presidencial, allí se estableció la decisión de promover una agenda legislativa de cambios en aspectos fundamentales de carácter social y democrático, como la reforma laboral, la salud, las pensiones, la reforma agraria, la reforma a la educación; asuntos de trascendental importancia para las mayorías de los colombianos, hombres y mujeres, en el espíritu de justicia, progreso y bienestar integral de la sociedad colombiana.
Colombia continúa siendo un país rezagado en materia de derechos ciertos, aún lejos del bienestar y del desarrollo con equidad y justicia social. Tenemos una dicotomía entre realidad y normas que dejan al desnudo la incoherencia de los discursos y prácticas de la vieja clase política que pregonan la democracia. Un mundo colombiano de tanta pobreza e informalidad que ellos han promovido y quieren mantener con su modelo económico mientras usufructúan privilegios y condiciones de poder político y económico.
Las regiones siguen en el abandono sin la presencia social del estado, territorios víctimas del centralismo ciego e insensible al clamor de un cambio sustentable con equidad. El cambio de carácter programático y estructural es el derecho a construir un país mejor. El viejo reclamo del pueblo trabajador, rescatar derechos arrebatados, dignificar el trabajo, mejorar la capacidad de compra y consumo de las familias colombianas, más y mejor empleo, desarrollo agro-industrial, oportunidades para la juventud, la academia, la salud, el medio ambiente, el comercio y sus productos, el campesinado.
Este interés de cambio legislativo por una Colombia más humana, progresista y trabajadora se pretende hacer ver y creer como un atentado contra el país, sin argumentos serios, trasmitiendo miedo al cambio, cerrando las posibilidades de un futuro mejor para todos.
Estamos en una etapa de transición de la sociedad, dando pasos hacia nuevas formas de trabajo, de construcción de acuerdos entre el estado, el mercado y la sociedad nacional e internacional. Nos corresponde entender el momento que vive el mundo y el país para asumir un lugar digno ante el mundo.
Es la hora de apoyar a consulta popular, por el bienestar de la nación y el encuentro solidario y comunero del pueblo colombiano con su propia historia y la verdadera soberanía.
