El Congreso no solo tiene la legitimidad, sino también el deber de debatir, ajustar y decidir en función del interés colectivo, sin utilizar estos procesos con fines políticos.
Durante la audiencia pública realizada esta semana en Bucaramanga por la Comisión Séptima del Senado, como parte de una serie de encuentros regionales para socializar el proyecto de reforma a la salud y recoger las voces de la ciudadanía, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que, si la iniciativa no prospera, el Gobierno Nacional contempla la posibilidad de convocar una consulta popular.
Este anuncio llega directamente al Legislativo, recordando que las reformas estructurales deben ser tramitadas con responsabilidad y rigor dentro del escenario natural del debate democrático. El Congreso no solo tiene la legitimidad, sino también el deber de debatir, ajustar y decidir en función del interés colectivo, sin utilizar estos procesos con fines políticos.
Plantear una consulta popular ante la falta de avances deja en evidencia una fractura en los consensos institucionales, al tener que trasladar a las urnas una definición que corresponde al Congreso. Además, implica un esfuerzo económico y político considerable en un momento en el que el país exige decisiones inmediatas ante una crisis que afecta a millones de personas.
Frente a esto, vale la pena recordar que, aunque en Colombia este mecanismo está contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política y en la Ley 1757 de 2015, y es un recurso democrático válido que puede usar el Presidente para someter a votación una pregunta de carácter nacional y que la población decida; este proceso implica campañas, pedagogía, logística y una alta inversión de recursos públicos. En otras palabras, es una alternativa legítima, pero compleja que podría evitarse.
Es claro que el sistema de salud necesita una reforma urgente. Desde nuestra experiencia podemos afirmar que sigue en cuidados intensivos: un modelo fragmentado, con una capacidad de respuesta cada vez más limitada que afecta directamente a los pacientes, quienes están atrapados en trámites interminables para obtener autorizaciones, medicamentos o atención médica oportuna.
Por eso, es fundamental analizar con rigor cada uno de los artículos del proyecto de ley, muchos de los cuales hemos mencionado en espacios anteriores. Uno de los puntos clave es la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, articulada a través de una red de atención sin barreras, que garantice acceso en todos los niveles y dentro de cada región. En ciudades como Bucaramanga, esto significaría que las personas no tendrían que desplazarse a Bogotá o Medellín para acceder a un especialista o a servicios de alta complejidad. Sería un paso decisivo hacia la equidad, la descentralización y una mejor calidad de vida para miles de usuarios.
En este contexto, se requiere tomar decisiones con sustento técnico y visión colectiva. No se trata de disputas políticas, sino de responder objetivamente a lo que realmente necesita la ciudadanía. Lo más importante es que estas decisiones se adopten en los espacios institucionales correspondientes, mediante el diálogo y la concertación, y no que parezcan imposiciones, porque lo que está en juego es la vida.
