Hemos sido espectadores de proyectos fracasados como Metrolínea y nada pasa, todo sigue igual. Decimos sentir amor por Bucaramanga y no asumimos la responsabilidad ciudadana por mejorarla.
Publicado por: JUAN MANUEL ÁLVAREZ CRUZ
En Bucaramanga somos conscientes de los problemas que afronta la ciudad y, aun así, no hay acciones significativas que permitan ilusionarse con una solución. Hemos sido espectadores de proyectos fracasados como Metrolínea y nada pasa, todo sigue igual. Decimos sentir amor por Bucaramanga y no asumimos la responsabilidad ciudadana por mejorarla. ¿Qué podríamos hacer para que las cosas cambien?
A raíz de lo anterior, y ante la evidente ilegalidad en los aumentos del cobro del Impuesto Predial Unificado (IPU) en los años 2024 y 2025 para ciertos sectores de Bucaramanga que sufrieron alzas hasta en un 50 %, junto con un equipo de trabajo transformamos las denuncias en hechos que buscan el reajuste y la devolución de dinero a favor de los contribuyentes con la radicación de 115.350 recursos de reconsideración, en representación de los propietarios de inmuebles afectados por las medidas de la Alcaldía de Bucaramanga, los cuales deben ser ratificados en el término de dos meses para ser acreedores a la promitente devolución o compensación por cobro de lo no debido.
Los argumentos presentados ante la municipalidad son sólidos y vienen soportados en la norma. La base gravable del IPU la constituye el avalúo catastral de cada predio, siendo el único factor que varía año a año al momento de liquidar el impuesto y este, de acuerdo con el Decreto 1609 de 2024 no podía aumentar más del 3%, lo cual dista de los incrementos excesivos de casi un 50% que pagaron los bumangueses respecto al año anterior. Además, es de tener en cuenta que el gestor catastral no solo omitió una Resolución del IGAC del año 2019 que dejaba sin efectos jurídicos la Resolución 052 de 2018, también paso por alto el procedimiento enmarcado en la Resolución 1040 de 2023 al modificar la base catastral.
Ahora, en lo que atañe a la Secretaría de Hacienda, incurrieron en errores que dejarán miles de millones de pesos en devoluciones a favor de los contribuyentes y un grave desajuste en el presupuesto municipal debido a una mala interpretación de la Ley 1995 de 2019 respecto de los topes de los incrementos, transgrediendo el principio de equidad tributaria, confundiendo procesos catastrales, y ejecutando “reliquidaciones” de años anteriores que, no son más que retroactivos prohibidos por la norma.
Hoy avanzan acciones legales en favor de miles de propietarios, en lo que constituye la primera fase de una estrategia de defensa colectiva sin precedentes en el país que, esperamos sea acompañada de forma masiva por los bumangueses. Pagar impuestos es un deber ciudadano; exigir su legalidad, un derecho.
