Algunos fiscales, jueces y funcionarios —penales, civiles, laborales, administrativos— han hecho del maltrato un recurso usual y reiterativo. Interrumpen con sarcasmo, ridiculizan con superioridad y reaccionan ante la timidez o el error como si se tratara de una afrenta al orden jurídico.
La práctica jurídica en los consultorios jurídicos no es un favor al estudiante ni un ensayo pedagógico tolerado condescendientemente por el sistema judicial. Es una obligación legal, respaldada por universidades, reglamentos y protocolos. Lo que allí ocurre es real: diligencias, audiencias, personas, conflictos legales verdaderos y, sobre todo, necesidades sociales que exigen atención jurídica oportuna. Sin embargo, aún se actúa como si la presencia del estudiante desentonara. Como si estuviera “jugando a ser abogado”.
Algunos fiscales, jueces y funcionarios —penales, civiles, laborales, administrativos— han hecho del maltrato un recurso usual y reiterativo. Interrumpen con sarcasmo, ridiculizan con superioridad y reaccionan ante la timidez o el error como si se tratara de una afrenta al orden jurídico. Confunden autoridad con altanería, experiencia con poder y el hecho de estar en formación con incapacidad. Se comportan como si nunca hubieran sido estudiantes, como si no debieran parte de lo que son a la paciencia que alguna vez alguien tuvo con ellos. El trato a quienes están en formación debería ser una muestra de compromiso con la pedagogía jurídica, no una oportunidad para exhibir jerarquías.
Pero hay algo que se les escapa: el estudiante de consultorio, aun sin tarjeta profesional, se prepara bien. Atiende cinco o seis casos y lo hace con esmero No trabaja por estadística ni por ego. No compite por honorarios ni busca protagonismo. Lo hace con respeto, temor y compromiso. Porque para él, cada proceso es un inicio. Y eso, que debería inspirar apoyo, a veces encuentra indiferencia o rechazo. Se le trata como inexperto sin valorar que, precisamente por eso, pone más cuidado, consulta más y pregunta antes de actuar.
Detrás de cada estudiante hay un director, un asesor jurídico y un monitor. Hay una universidad que responde. Ignorar esto no es un simple descuido: es soberbia profesional. El problema no es la falta de experiencia del estudiante, sino que algunos han olvidado que también fueron aprendices y se incomodan ante las preguntas o cuestionamientos jurídicos de quienes, con rigor, conocen su caso. Quien se presume adulto dentro del sistema judicial debería recordar que el aula no se abandona al vestir la toga ni al ocupar un cargo público. Educar con el ejemplo también es una forma de impartir justicia.
La práctica jurídica no es un simulacro: es la primera línea del acceso a derechos para quienes no tienen otra opción por razones económicas. Los estudiantes no están allí por capricho. Están porque la ley lo exige, la academia los forma y la sociedad los necesita. Lo mínimo que merecen no es un aplauso, sino reconocimiento y respeto por su labor social.
