Todo indica que el gobierno de Petro ha tomado partido por intereses contrarios a la defensa real del Páramo. Por eso, vale la pena recordar que la movilización cívica ha sido la herramienta más eficaz para defender el agua. Y como advierte el adagio popular: “El que avisa no traiciona.”
En el más reciente episodio de la batalla por el agua del Páramo de Santurbán, el Comité ciudadano constituido para su defensa volvió a encender las alarmas al denunciar durante un plantón frente al Tribunal Administrativo de Santander que la Ministra de Ambiente del gobierno de Petro, Lena Estrada, “traicionó la defensa del agua y de Santurbán al avalar un acuerdo del gobierno de Iván Duque de 2021”. En dicho acuerdo se plantea la liberación de 835 hectáreas que hacen parte del páramo para destinarlas a la explotación de 12 títulos mineros en manos de multinacionales.
El hecho ocurrió el pasado miércoles mientras transcurría la audiencia de seguimiento a los avances en el proceso de delimitación, actual manzana de la discordia, ya que este instrumento jurídico introducido con Ley de Páramos en 2018, lejos de impedir la megaminería en estos ecosistemas ha servido para fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación y restauración, así como su uso sostenible. Desde entonces, la narrativa de todos los gobiernos, nacionales y locales, ha sido la de pregonar que: “no habrá minería en páramos”. Sin embargo, esta afirmación se refiere únicamente a las zonas excluidas mediante la delimitación. En las demás áreas, estará autorizada.
Bajo la consigna de “defender el páramo” se agrupan posiciones contrarias, por una parte la de los interesados en que la delimitación permita la megaminería de los magnates árabes y canadienses, y por la otra, la de cerca de dos millones de colombianos ubicados en el gran Santander que dependen de las fuentes hídricas que nacen allí.
Como es costumbre en el gobierno de Petro, por un lado van sus dichos y por otro sus hechos. A la reciente traición denunciada por el Comité de Santurbán hay que sumarle la incoherencia de oponerse como gobernante a la acción popular en defensa del páramo que había respaldado como senador. Mención especial merece la turbia coincidencia de que la samperista Mónica de Greiff haga parte de la junta directiva de Ecopetrol mientras pertenece a la junta directiva de la multinacional Aris Mining, socia del proyecto Soto Norte, controlado por el fondo soberano de la monarquía de Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo es posible que una delegada del gobierno de Petro en Ecopetrol sea al mismo tiempo miembro de la junta directiva de la poderosa multinacional que persigue el oro de Santurbán?
Todo indica que el gobierno de Petro ha tomado partido por intereses contrarios a la defensa real del Páramo. Por eso, vale la pena recordar que la movilización cívica ha sido la herramienta más eficaz para defender el agua. Y como advierte el adagio popular: “El que avisa no traiciona.”
