Para muchos es evidente que la guerra contra las drogas está mal planteada. Compartido por premios Nobel, mandatarios, exmandatarios, académicos y ONG’s, el diagnóstico es el siguiente: como en su momento sucedió con el alcohol, el problema de las drogas no se resuelve con la criminalización.
La salida real —larga, compleja, incómoda para muchos— debe pasar por la regulación del mercado, por repensar la noción del crimen y del castigo y por tratar el consumo como lo que es, a saber, un asunto de salud pública, no de seguridad nacional.
Con todo, decir esto —que es cierto— no puede servir de excusa para tolerar el caos en el que el narcotráfico está sumiendo a Colombia, ni mucho menos servir de argumento para incumplir nuestras obligaciones nacionales e internacionales.
Según el informe más reciente de la ONU (de febrero de 2025), los cultivos de coca en Colombia alcanzaron su nivel más alto en la historia: 253.000 hectáreas. La cifra es tan impresentable como alarmante, no solo porque representa un retroceso monumental frente a los años anteriores, sino porque demuestra que el Estado sigue perdiendo control de vastísimas regiones del país día a día (ver informe aquí).
Esas hectáreas representan un fracaso mayúsculo en la política de sustitución y erradicación y en el rol del Estado mismo, que sigue mostrándose incapaz de ofrecer alternativas viables, sostenibles y dignas a las comunidades que dependen de esos cultivos para sobrevivir.
En este contexto, el fantasma de la descertificación se erige como una amenaza más real que nunca. De darse, Colombia quedaría contra las cuerdas, privada de cooperación técnica, fondos vitales y programas conjuntos.
Además, la puerta a sanciones económicas y comerciales que no solo afectarían al gobierno de turno, sino a millones de colombianos, quedaría abierta, exponiendo al país a un aislamiento progresivo y perjudicial del que nos costó mucho salir en tiempos pasados.
Antonio Caballero, con su escepticismo elegante y brutal, solía insistir en que la guerra contra las drogas no era otra cosa que una «farsa global». Pero incluso Caballero, que sabía ironizar sobre casi todo, entendía muy bien la lógica implacable del poder.
Y hoy, bajo esa lógica, Colombia no puede darse el lujo de aparecer como un eslabón débil o suelto, no porque el sistema internacional tenga razón, sino porque no estamos en posición de romper las reglas de juego sin pagar un precio altísimo.
Lo bueno, o lo malo en este caso, es que gran parte del actual gobierno comparte la tesis de fondo: hay que replantear el enfoque. Pero entre el deseo y la realidad hay un trecho grande. Y mientras se logra la reforma global del régimen internacional —que, por cierto, no depende solo de Colombia—, toca cumplir.
Porque una cosa es lo que uno quiere, y otra cosa lo que le toca. No es cinismo ni conformismo, es realismo político. En el escenario internacional no basta con tener la razón; hay que tener además poder, capacidad de maniobra y, sobre todo, mucha audacia.
Despenalizar algún día, o regular, o discutir otra arquitectura mundial en torno a las drogas, no puede usarse como comodín para justificar el desgobierno presente. Si queremos replantear el modelo, primero tenemos que demostrar que podemos gestionar el actual, que sabemos jugar con las cartas que nos salieron. Y eso implica, dolorosamente, judicializar, contener y, especialmente, sustituir y erradicar.
La tarea, así pues, es doble: cumplir con lo pactado mientras se lidera —con inteligencia y legitimidad— una conversación internacional que apunte a cambiar las reglas. Porque si llega la descertificación, no podremos decir que nadie nos avisó. Habremos entrado (otra vez), por méritos propios, por negligencia, solitos, a ese club del que ningún país quiere hacer parte: el club de los países parias.
