El Decreto 0775 del 7 de julio de 2025 es, en realidad, el acta de defunción de Mi Casa Ya, el programa que desde 2015 permitió a más de 300.000 familias colombianas comprar vivienda nueva. Tras meses de parálisis (primero por la suspensión de asignaciones en diciembre pasado y luego por la drástica reducción presupuestal), el Gobierno decidió darle la espalda a las familias colombianas y redactar un nuevo protocolo que deja afuera a la gran mayoría de hogares aspirantes.
El Decreto cambia el nombre del programa, elimina los subsidios para vivienda nueva y los reemplaza por apoyos focalizados a vivienda usada, restringidos a cuatro poblaciones: víctimas, reincorporados, madres comunitarias y recicladores. Aunque suena solidario, en la práctica estas poblaciones difícilmente acceden a crédito, por lo que el beneficio quedará solo en el papel. Además, deja por fuera a 115.000 familias: 45.000 que esperaban el desembolso y 70.000 con subsidios preasignados, truncando sus posibilidades de adquirir vivienda nueva.
La decisión golpea dos pilares de la economía: la confianza inversionista y la generación de empleo. El programa prometía 50.000 subsidios anuales, impulsaba nuevos proyectos y generaba alrededor de cuatro empleos por vivienda. Al suprimir estos apoyos, el Gobierno agrava la crisis de una industria que ya acumula siete trimestres en caída y retrocedió a niveles de ventas de 2014.
El argumento del Gobierno es que no hay recursos y el presupuesto que se recorta a Mi Casa Ya se destinará a mejoramientos y agua potable. Sin embargo, el programa de mejoramiento no alcanza ni el 5% de su propia meta: apenas 14.000 hogares beneficiarios de los 400.000 prometidos.
El siguiente efecto es que al incentivar la compra de vivienda usada en barrios consolidados, sin construir nuevas unidades, el Gobierno presiona al alza los precios y promueve la instalación de familias en viviendas informales que generalmente están ubicadas en zonas de protección ambiental. Al final, menos obras para los constructores, menos empleo, menos recaudo para los municipios y menos oferta para los ciudadanos. El escenario perfecto para el aumento de asentamientos informales y el colapso en movilidad y servicios.
Es contradictorio que un gobierno que se llama “del cambio” desmonte una política que conectaba el ahorro popular con la vivienda formal. Mi Casa Ya no era perfecto, pero generaba empleo y promovía la formalidad. En vez de corregirlo, lo sepultaron con promesas mal calculadas.
Sin respaldo del Gobierno nacional, municipios y sector privado deben asumir el liderazgo: reglas claras, suelo bien gestionado e incentivos locales. La transformación urbana no puede esperar.
