En Colombia, la historia reciente de la Vivienda de Interés Social (VIS) se divide en tres (3) periodos, su desarrollo con predominancia estatal, mixta y privada: Antes de 1980, estatal, liderando la construcción de VIS por medio del Instituto de Crédito Territorial (ICT), Banco Central Hipotecario (BCH) y empresas públicas locales, asignando subsidios de manera directa o en especie (viviendas o lotes).
De 1991 a 2010, liderazgo del sector privado bajo un modelo subsidiado, el Estado entrega subsidios y el privado desarrolla proyectos, resultando los revolucionarios conjuntos cerrados (incorporan parques, zonas deportivas y comunes privadas a cambio de un costo de administración privada), sustituyendo parcialmente la responsabilidad del Estado sobre el equipamiento urbano.
A partir del 2010, consolidación del modelo privado con apoyo estatal, el Estado regula por medio de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y subsidia. El sector privado desarrolla proyectos, evolucionando los conjuntos cerrados a macroproyectos parcialmente autosuficientes (ciudades dentro de ciudades o renovaciones de gran escala con usos mixtos).
Esta evolución lleva implícita una delegación de responsabilidades estatales al privado, referente a infraestructura urbana, fortaleciendo al privado y dinamizando la generación de VIS.
Actualmente, la seguridad, educación, salud, transporte y urbanismo predominantemente gestionados por el privado son operados a cargo de los hogares. Antes, los impuestos atendían estas necesidades. A pesar del mayor costo para el hogar, ha generado beneficios en crecimiento y desarrollo de la sociedad y la economía, un balance significativamente positivo.
La realidad es que el sector privado busca aumentar la escala de su responsabilidad y el Estado reducirla, poniendo en riesgo el planeamiento, conectividad y diseño integral en las regiones a la escala que corresponde. Lamentablemente, esta tendencia, ha llevado a las ciudades a limitarse en la gestión de los POT con una perspectiva netamente regulatoria (usos, tipología de edificaciones, paramentos e índices de construcción) descuidando el planeamiento estratégico con vocación regional, urbano y rural, que debe ser regulatorio para que el sector privado desarrolle macroproyectos a una escala, así como regulatorio para el desarrollo de los POT y, en consecuencia, para la ejecución de proyectos de menor escala.
La vivienda sin un adecuado entorno no es social, puede ser todo lo contrario. Los factores sociales de una vivienda están relacionados con las condiciones de su entorno, conectividad, cercanía a educación y empleo (tiempo), seguridad (paz y tranquilidad) y equipamiento urbano. (bienestar y entretenimiento)
Por lo anterior, parecería razonable contar con una política de vivienda social que evolucione de un modelo subsidiado y asistencialista de corto plazo, a un propósito superior estratégico, conectado y planificado orientado a la sostenibilidad integral.
Existen casos exitosos como el de Países Bajos o Chile que han logrado resultados favorables en ese sentido. (continua en siguiente columna)
