En Colombia nos vendemos como potencia mundial del turismo, pero la mitad de las noches reservadas ocurre en viviendas sin registro, sin permiso y sin reglas. Tras la pandemia, las “rentas cortas” explotaron: entre 2021 y 2024 los anuncios superaron los 200.000 inmuebles, de los que apenas poco menos de un tercio figura en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Basta un clic para alquilar un apartamento en un centro histórico sin saber si el anfitrión paga impuestos, tiene seguro o respeta las normas.
El desorden no es inocuo. La informalidad le cuesta al fisco 1,2 billones y multiplica problemas: explotación sexual de menores, sobrecarga de servicios públicos y desplazamiento de residentes por el alza de precios. Lo que nació como oportunidad económica se convirtió en foco de conflicto.
El marco normativo vigente fue diseñado para la hotelería tradicional. La Ley 300 de 1996 jamás imaginó aplicaciones móviles, y la Ley 675 de 2001, sobre propiedad horizontal, se enfoca en convivencia interna; no en la llegada de huéspedes temporales.
Para ordenar la casa llega el Proyecto de Ley 586-2025C. Su primer eje convierte a las plataformas en actores turísticos: deberán inscribirse en el RNT, verificar a cada anfitrión y retener los tributos. Si un hotel cumple esas obligaciones, es lógico exigir lo mismo a quien intermedia millones desde una aplicación.
El segundo eje protege la convivencia. Ningún apartamento podrá ofrecerse al público sin autorización escrita de la asamblea de copropietarios. El número de RNT, el reglamento y un inventario deberán exhibirse en portería. Las asambleas podrán fijar las normas necesarias para evitar pleitos que hoy desesperan a la comunidad.
Tercero, la reforma crea la “declaratoria temporal de saturación”. Si un municipio prueba que la oferta supera su capacidad, podrá suspender nuevos permisos hasta recuperar el equilibrio.
Quienes dicen que la norma “mata el emprendimiento” confunden libertad con selva. Regular no es prohibir sino emparejar la cancha. Hoy los hoteles pagan IVA, parafiscales y estampillas, contratan personal y pasan inspecciones; el anfitrión informal elude casi todo y cobra en promedio 25% menos, no por eficiencia sino por ausencia de reglas. Esa ventaja irreal ahoga al empresario cumplido y resta al Estado recursos para promoción y seguridad.
La buena noticia es que el Proyecto no demoniza la economía colaborativa: la civiliza. Reconoce la innovación, pero la vincula a sostenibilidad, responsabilidad y equidad tributaria. El viajero conseguirá alojamientos verificados; el vecino recuperará su derecho al descanso; el empresario formal competirá en igualdad y el país recibirá ingresos que hoy se escapan.
Regular la vivienda turística no es apagar la fiesta: es garantizar que continúe sin desbordarse. Si queremos que el turismo siga siendo motor de desarrollo, llegó la hora de aprobar la Ley 586-2025C.
