El fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal ha generado una profunda división en la opinión pública. Más allá del fervor político, es necesario hacer una lectura jurídica, cuidadosa, respetuosa de la ley.
Uno de ellos es la interceptación telefónica del entonces senador Uribe por la Fiscalía , que se dio por una extraña y errónea en lugar de un delincuente que la Fiscalía quería -chuzar- otra persona. Aunque no se probó intención dolosa, esa interceptación —aprobada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya había una ruptura política con Uribe— es vista por muchos como el punto de origen de un proceso irregular.
También se ha cuestionado el uso de grabaciones realizadas con dispositivos encubiertos, como el famoso reloj con micrófono. ¿Fue una estrategia legal de defensa o un intento de influir en testigos? La jueza Sandra Heredia concluyó que hubo manipulación. Sin embargo, esta valoración probatoria será revisada en apelación.
A esto se suma un elemento aún más delicado: ha circulado en redes sociales una imagen de la señorita Sandra Heredia hoy - juez en su juventud,- donde supuestamente aparece junto a jóvenes vinculados a estructuras criminales.
Aunque no hay prueba definitiva ni contexto oficial, el hecho es de que ella sea quien dictó un acto tan sencible a la opinion.
Aquí surge una inquietud de fondo: ¿la justicia es ciega así la muestran teniendo en su mano una balanza en equilibrio, o ahora saca su ojo derecho y a comenzado a mirar solo hacia la derecha política? Porque a Uribe, que enfrentó con firmeza a las FARC durante su gobierno, hoy se le persigue judicialmente, mientras su ojo izquierdo tapado no ve que los jefes de las FARC —responsables de delitos atroces por varias décadas, regando sangre y dolor en el país— ocupan curules en el Congreso, tras ser premiados por el Acuerdo de Paz negociado por Santos. ¿No es esto también una forma de desequilibrar la balanza?
La presencia de un presidente como Gustavo Petro, abierto opositor de Uribe desde hace décadas, no pasa desapercibida en este contexto. Su respaldo tácito al proceso o sus constantes críticas al expresidente alimentan la percepción de una justicia cada vez más politizada.
No se trata de desconocer los errores que pueda haber cometido Uribe, sino de recordar que la justicia no puede actuar como una extensión de las tensiones políticas. Si se percibe sesgo, se debilita la credibilidad de todo el sistema.
La apelación será la prueba definitiva no solo del caso, sino del compromiso institucional con el debido proceso, la imparcialidad y la equidad.
Que sea la ley, y no la ideología, la que tenga la última palabra.
