En Colombia, la tierra es más que suelo: es historia, sustento y autonomía. Sin embargo, la Ley 2294 de 2023, que creó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección (ZPPA), amenaza esa autonomía. Bajo el argumento de “ordenar el territorio”, el Gobierno central ha concentrado en Bogotá el poder de decidir qué se puede y qué no se puede hacer en vastas zonas rurales, sin garantizar un diálogo real con quienes las habitan.
El artículo 32 de esta ley convirtió las APPA en determinantes de ordenamiento territorial de segundo nivel, obligatorias para municipios y departamentos. Si una finca queda dentro de una APPA, las reglas cambian: sólo podrán desarrollarse las actividades que autorice el Ministerio de Agricultura. No hay expropiación formal, pero la tierra puede volverse inviable.
La Procuraduría ya advirtió el riesgo y pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma, argumentando que vulnera la autonomía territorial y concentra decisiones clave en el Ejecutivo. En la práctica, un ministro puede definir el destino de un predio sin que su propietario ni las autoridades locales tengan voz.
Esto se suma a un panorama normativo ya asfixiante: POT, PBOT, EOT, POMCA, PEGOF, PUEAA, PIGARS, PMA, PMP, POTEC, PGRD, POTR, POMIUAC, PMA-AP, PND, PDL y PDOT, entre otros. Cada plan establece restricciones distintas y, en conjunto, el productor queda atrapado en un laberinto jurídico. Como el caso de una finca clasificada como agropecuaria en el POT, como reserva en el POMCA y como área de conservación total en el PEGOF. ¿Qué norma debe obedecer?
El discurso oficial sostiene que la medida es necesaria porque “no producimos suficientes alimentos”. Pero en las veredas la realidad es otra: cosechas de papa, arracacha, tomate o leche se pierden no por falta de producción, sino por la ausencia de vías terciarias, centros de acopio, agroindustria, conectividad y mercados estables, esto sin contar con los bloqueos y la inseguridad. El problema no es el campesino: es la falta de infraestructura y políticas efectivas de comercialización.
Peor aún, se delimitaron sin una socialización adecuada, vulnerando derechos como el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de la propiedad privada. La defensa del territorio no puede decretarse: se construye con participación real, inversión y respeto por las vocaciones productivas.
El futuro del campo no se decide en escritorios lejanos, sino en las veredas, de la mano de quienes conocen la tierra. Si se busca seguridad alimentaria, se debe fortalecer la gestión local, invertir en infraestructura y reconocer al productor como protagonista. Un país que impone limitaciones a su campo compromete su capacidad de alimentarse y, con ello, su propia libertad. !Respeten al campesino!
