La noticia de la condena a siete años de prisión al menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay desató una ola de indignación. Muchos consideran que la sanción es demasiado leve frente a la gravedad del hecho y piden de inmediato agravar las penas para adolescentes. La reacción es comprensible porque hay dolor, frustración y una legítima sensación de injusticia. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿de verdad resolveremos algo subiendo las penas, o estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado?
La política criminal moderna ha demostrado que el aumento de castigos no reduce la delincuencia. Los estudios en distintos países son consistentes en tanto la severidad de la pena no disuade si no hay certeza de sanción y, sobre todo, si las condiciones sociales siguen siendo caldo de cultivo del delito. Es decir, castigar más fuerte a un adolescente no evita que otro, en la misma situación de marginalidad, siga el mismo camino. La respuesta está en atacar las causas estructurales, no en multiplicar los años de cárcel.
La criminología crítica va más allá y nos invita a mirar a estos jóvenes como lo que en realidad son: víctimas antes que victimarios. Los menores que terminan disparando no suelen ser “genios del crimen” ni líderes de estructuras. Son piezas desechables utilizadas por quienes sí se lucran del delito. Los jefes saben que si involucran a un adolescente el castigo será menor, y por eso los instrumentalizan como carne de cañón.
Aquí aparece la mayor responsabilidad: la del Estado ausente. Hablamos de jóvenes sin acceso real a educación de calidad, a oportunidades de trabajo digno, al deporte, a la cultura, a entornos familiares estables. Son muchachos que crecieron sin red de protección y a quienes el delito les ofrece lo que la sociedad nunca les dio: pertenencia, sustento, una aparente salida.
Por supuesto que la indignación social es legítima. La familia de Miguel Uribe y toda la ciudadanía reclaman justicia. Pero confundir justicia con populismo punitivo es un error grave. Endurecer penas para adolescentes puede satisfacer momentáneamente el clamor popular, pero no reducirá el delito.
La verdadera discusión no es cuántos años más de cárcel imponerles, sino qué futuro estamos dispuestos a ofrecer. De nada sirve castigarlos si no les damos razones para elegir otro camino. Una política criminal seria debe dejar de maquillar cifras con populismo punitivo y empezar a invertir en capital humano.
Lo que necesitamos es un replanteamiento profundo de la política criminal desde la prevención en la infancia, fortalecimiento de la escuela y la familia, programas de resocialización serios, espacios de deporte y cultura que compitan con el atractivo del crimen organizado.
