La elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional provocó reacciones favorables y desfavorables, incluidas las del presidente, que lo catalogó como “fascista” y “corrupto”, al ser elegido, en su criterio, por métodos corruptos. Calificación que no hubiera emitido si la elegida hubiera sido su candidata, por la que había comprometido tres ministerios y otras instituciones a determinados partidos, para asegurar las mayoría en el Congreso y en la Corte Constitucional.
Aunque similares maniobras se realizaron en el pasado, esta elección generaba mayor expectativa por el temor de que el presidente lograra esa mayoría, la cual hubiera ocasionado la pérdida del control del equilibrio de poderes y el debilitamiento de la democracia; la reducción de la garantía de los derechos fundamentales; el aumento del riesgo de abusos por parte de las mayorías políticas en el gobierno y en el Congreso. Esta circunstancia hubiera comprometido la confianza en el Estado de Derecho, dado que las decisiones preferirían los intereses políticos que los principios constitucionales y legales.
Es posible que el candidato no sea del agrado jurídico de algunos, pero ello no implica menoscabar su competencia intelectual, su trayectoria y el deseo ferviente de servir al país en búsqueda de la estabilidad institucional a través del fortalecimiento de la independencia judicial, la que deben demostrar en su ejercicio respetando la integridad y supremacía de la constitución, especialmente en la actualidad. Calidad que, en su momento, se exigió en los tres candidatos sugeridos por el presidente, a pesar de las críticas que surgieron en su contra.
Aunque es evidente el origen político de la Corte Constitucional, la necesidad de su despolitización se manifiesta una vez los magistrados asumen sus cargos, tal como fue concebido por la Asamblea Constituyente, siguiendo los modelos de los tribunales europeos, particularmente de Italia y España.
Y aunque ese procedimiento de selección ha sido objeto de discusión, salvo algunos casos, los ungidos han cumplido con la garantía de la guarda de la Constitución con legitimidad plena de sus actuaciones.
La incertidumbre que enfrentamos exige un apoyo unánime a la Corte Constitucional, si queremos fortalecer los controles y contrapesos a las ramas del poder público. Control que debe incluir a ciertos “poderes fácticos” que, por su influencia, desafían el equilibrio de los poderes formales para debilitar su independencia, si queremos salvaguardar la democracia y los derechos individuales; especialmente con el crecimiento de las redes sociales y la comunicación digital, que han cambiado las dinámicas políticas, utilizadas por los líderes que, para evitar las limitaciones, manipulan a la ciudadanía en pro de sus propios intereses y en perjuicio del interés general.
Si no aspiramos a situaciones similares a Venezuela y Nicaragua, tenemos el deber de robustecer a la Corte.
