A raíz de la columna titulada Asentamientos humanos, las tierras del olvido, han surgido numerosas inquietudes sobre el proceso de legalización y regularización que adelanta la Alcaldía de Bucaramanga, el cual pretende impactar a un aproximado de 180.000 personas que habitan sectores que, en su mayoría, carecen de servicios públicos esenciales y de títulos de propiedad sobre sus viviendas. En principio, la formalización mejora la calidad de vida de quienes residen en más de 120 barrios precarios consolidados en Bucaramanga, al proporcionar seguridad jurídica y económica, reducir conflictos por la tenencia de la tierra, el desorden urbano y los pasivos sociales, fiscales y ambientales del municipio.
A pesar de que los beneficios de la implementación de este instrumento de planificación proyectan transformar la vida de cerca del 30 % de los bumangueses, los resultados no han sido los esperados.
La ausencia de una metodología rigurosa y la aplicación de soluciones locales, aisladas e insuficientes son causas de una problemática con dinámicas metropolitanas. Bucaramanga carece de una política pública supramunicipal de vivienda popular que articule estrategias como la reubicación de viviendas en alto riesgo o en zonas de protección ambiental; del mismo modo, no cuenta con programas de mejoramiento integral de barrios que actúen de manera simultánea sobre las condiciones de habitabilidad, infraestructura y acceso a servicios públicos.
Aunado a lo anterior, persisten errores conceptuales en el proceso de legalización de asentamientos humanos que requieren ser aclarados.
En primer lugar, la legalización de un asentamiento no depende de su incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, la legalización implica su inclusión automática en el perímetro urbano y de servicios públicos, lo que lo convierte en “suelo urbano”. En consecuencia, en virtud del artículo 31 de la Ley 388 de 1997, quienes habitan estos barrios adquieren el derecho a redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, y la Alcaldía de Bucaramanga está en la obligación legal de ejecutar las obras de infraestructura de saneamiento básico en los 44 asentamientos ya legalizados y de asegurar la disponibilidad presupuestal para aquellos que están en proceso de formalización.
Además, para casos como el vivido en Luz de Salvación, debe precisarse que la legalización de un asentamiento no otorga títulos de propiedad individuales. Se formaliza el barrio, no cada vivienda, y para lograr la titulación se requiere un proceso técnico y jurídico independiente de la legalización, tal como lo establece la norma.
Legalizar asentamientos es saldar una deuda histórica con miles de familias invisibles al desarrollo formal de la región, y eso exige mucho más que resoluciones y actos políticos: requiere visión de ciudad, voluntad y planeación metropolitana con rigor técnico.
