La semana pasada en la ciudad de Medellín se realizó un encuentro de líderes por la Orinoquía auspiciado por la Iniciativa Soya-Maíz, al cual tuve la oportunidad de asistir.
En ese evento se reunieron destacados empresarios agroindustriales, directores de gremios agropecuarios y expertos en legislación agraria.
A todos nos reunía un propósito común. Debatir sobre cuáles deben ser las condiciones habilitantes para garantizar el desarrollo de la Orinoquía y particularmente la amplia y poco desarrollada la frontera agrícola de la altillanura. En los diferentes conversatorios que adelantaron a lo largo del encuentro se encontraron puntos en común sobre la necesidad de trabajar para que esta región de Colombia definitivamente despegue como un verdadero polo agroindustrial y porque no, agroexportador.
Los empresarios destacaron la importancia de abordar las carencias que tiene la región como la infraestructura vial, la falta de capital humano capacitado en áreas relevantes para el desarrollo agrícola y pecuario, la ausencia de infraestructura para la comercialización y la adecuación de tierras. Pero quizás el aspecto más relevante para los empresarios y que se ha convertido en un verdadero inhibidor de los flujos de inversión en la altillanura es la legislación vigente en materia de tierras y particularmente la Ley 160 de 1994.
Dicha Ley es uno de esos legados regulatorios que fueron diseñados para un modelo de desarrollo basado en la economía campesina, en el minifundio y en la agricultura familiar. Un modelo agropecuario poco ambicioso que desaprovecha el potencial del campo colombiano. Más pensado para la seguridad alimentaria que para la internacionalización del campo. Un modelo donde caben los campesinos, pero no los agroempresarios.
Si bien la Ley 160 abrió la posibilidad de conformar zonas de desarrollo empresarial agropecuario y, años más tarde, la Ley ZIDRES promovió los negocios agroindustriales, ambas iniciativas para incentivar la agricultura a gran escala recibieron críticas al ser catalogadas como contrarreformas agrarias, en la medida en que permitirían la acumulación de baldíos y la flexibilización del concepto de la UAF.
En el encuentro de Medellín dos ex magistrados de la Corte Constitucional coincidieron en que la Ley 160 estableció un marco jurídico homogéneo en materia de tierras para un país sumamente diverso económica y socialmente.
El desarrollo de modelos agroempresariales representan una oportunidad para impulsar la agricultura a gran escala en regiones como la Altillanura, ya que permiten financiar las inversiones intensivas que requieren los suelos, generar empleo rural formal, estructurar encadenamientos agroindustriales competitivos, reducir la dependencia de importaciones y promover el desarrollo territorial mediante alianzas público-privadas que aporten infraestructura y servicios. Para lograrlo como lo sugirieron los ex magistrados tal vez sea necesario crear una ley especial para la altillanura. Interesante y audaz propuesta.
