La educación en Colombia se ha convertido en un tema recurrente de debate público, no solo por lo que promete, sino por lo que efectivamente falta. En Santander, como en muchas regiones del país, las brechas entre lo ideal y lo real son palpables, y ya no se trata solo de estadísticas sino de rostros: los de niñas y niños que no tienen acceso oportuno, los de docentes sin espacios dignos para enseñar, los de comunidades rurales esperando infraestructura mínima.
Un problema urgente es la baja cobertura en educación inicial. En Santander muchos municipios están muy por debajo del promedio nacional —donde la cobertura esperada ronda el 41 %—. Municipios como Vetas apenas alcanzan el 4,9 %, y no es un caso aislado; Bucaramanga está en aproximadamente 32,7 % y otros municipios del área metropolitana están también por debajo de esa marca. Estas cifras no son inocuas: implican desigualdad desde la primera infancia, un momento clave para el aprendizaje y la formación de capacidades.
En otro frente, la infraestructura educativa en zonas rurales sigue siendo una barrera. El gobierno nacional, a través del FFIE (Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa), ya ha intervenido varios colegios rurales en Santander: renovación de aulas, cambio de cubiertas, mejoramiento de baterías sanitarias, comedores escolares. En El Socorro, por ejemplo, se ha aprobado una inversión cercana a 10.000 millones de pesos para intervenir las 23 sedes educativas rurales del municipio. Sin embargo, esas intervenciones, aunque valiosas, no son aún suficientes para equilibrar lo que durante décadas ha sido olvido o postergación.
También hay luces esperanzadoras. Santander es de los departamentos con mejor desempeño académico en mediciones nacionales recientes. Con un promedio de 155 puntos en pruebas Saber 11, Santander se mantiene cerca de resultados de departamentos como Cundinamarca (167) o Risaralda (156). Además, proyectos escolares con enfoque territorial han mostrado que respuestas pedagógicas pertinentes (como huertas escolares, investigación local en Sabana de Torres con el proyecto “Itagro”) pueden transformar no solo los resultados académicos, sino la relación entre escuela y comunidad.
¿Cuál debe ser el rumbo? Primero, garantizar cobertura en educación inicial para todos los municipios, sin excepción, estableciendo metas con seguimiento real. Segundo, asegurar que las intervenciones en infraestructura no sean parches, sino parte de un plan integral que incluya dotaciones, conectividad, transporte, profesores especializados. Tercero, acompañar modelos pedagógicos locales —como “Itagro”— que den sentido al aprendizaje con el territorio.
Si la reforma educativa quiere algo más que titulares, debe mirar a Santander: corregir las desigualdades visibles allí será un paso enorme para que la promesa de la educación como derecho fundamental deje de ser discurso y se convierta en realidad vivida.
