La zozobra y la pesadumbre se han apoderado de los bumangueses. No son tiempos fáciles para la ciudad, ni la buena campaña del Atlético Bucaramanga ni la recuperación del proyecto de la PTAR del Río de Oro por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander logran ocultar la desazón que deja la política regional. Los ciudadanos ya no creen en sus líderes ni en las promesas de campaña, ni en los anuncios de presuntos logros que se desvanecen frente al caótico diario vivir.
A la inestabilidad institucional derivada de la salida de Jaime Andrés Beltrán se suman hechos que agravan la crisis urbana: el aumento de muertes asociadas a la contaminación del aire según un estudio de la Universidad Industrial de Santander; la sensación de inseguridad por los constantes tiroteos y homicidios que se han presentado en los últimos días; el evidente retroceso en la movilidad metropolitana y la penosa inscripción de candidatos para las elecciones atípicas configuran un escenario que alienta el pesimismo y la apatía colectiva. Sin embargo, no todo está perdido.
Frente a la necesidad de un cambio en el paradigma de planificación territorial, surgen iniciativas ciudadanas que abren camino a una nueva agenda para una Bucaramanga paralizada. En primer lugar, es de destacar la serie de tertulias organizadas por la Fundación Participar, espacios que promueven el debate y la reflexión sobre los principales desafíos urbanos, recuperando algo que parecía extraviado, la capacidad de dialogar, con la esperanza que se extienda a barrios y comunas.
En segundo término, la Fundación Ciudadano Metropolitano impulsa una propuesta audaz. Unificar presupuestos, competencias y gestiones para consolidar una estructura político-administrativa integrada que fortalezca el desarrollo de lo que hoy conocemos como área metropolitana de Bucaramanga. Su apuesta por una visión conjunta del territorio busca materializar desde un solo ente territorial metropolitano el Derecho a la Ciudad.
Y, finalmente, resaltar la lucha perseverante de los ediles y líderes comunitarios que representan a miles de propietarios afectados por los incrementos ilegales de avalúos y del Impuesto Predial Unificado (IPU) en las vigencias 2024 y 2025. Su defensa técnica y jurídica marca un hito en la movilización ciudadana por la justicia tributaria con el acompañamiento de la empresa Lógica Urbana, pionera en modelos Legal Tech para reclamaciones masivas. Es pertinente recordar que para el año 2025 el IPU solo podía incrementarse hasta un 3 % respecto del año anterior. Cualquier contribuyente afectado puede visitar y unirse a este proceso a través de www.logicaurbana.com.
La apatía y el desinterés nos han hecho parte del problema, pero aún podemos ser parte de la solución. Bucaramanga necesita más ciudadanía activa y más sentido de pertenencia. Construir ciudad es una tarea compartida, y comienza con el compromiso de cada uno.
