Hace exactamente una semana, Bucaramanga vivió un momento único en su historia política. Un candidato que había renunciado tras una profunda reflexión personal y familiar —en la que, según él, primaban la responsabilidad, la coherencia y, sobre todo, la honestidad— resucitó políticamente y echó para atrás su renuncia minutos antes de que cerrara el periodo para modificar las candidaturas a las elecciones atípicas del 14 de diciembre.
Todo esto habría sido menos dramático si no fuera porque Jaime Andrés —su acudiente —, ya había presentado a otro candidato, el exconcejal Arturo Zambrano, del Centro Democrático, sin embargo, este no contó con el respaldo de Cambio Radical en la inscripción, partido que, en últimas, es el dueño del aval principal dentro de la coalición que había inscrito a Cristian Portilla, en la versión beta del candidato del exalcalde.
En Colombia, los coavales no son más que un simbolismo político a la hora de presentar una coalición de partidos. El aval de un candidato es uno solo. Como mencioné en una columna anterior, a los candidatos los avala un partido —convirtiéndolos en militantes de este— o los avala un movimiento ciudadano, con la anuencia de un número determinado de firmas para validar la aspiración a cargos de elección popular. Así que el aval del doctor Portilla era uno y solo uno: el de Cambio Radical.
Ahora bien, la “renuncia de la renuncia”, presentada y validada ante la Registraduría, deja más dudas que certezas tanto para el proceso electoral como para la ciudadanía. La primera pregunta, aún sin respuesta y que cualquier ciudadano preocupado por el devenir de la ciudad se haría es: ¿cuáles fueron las razones de la primera renuncia? Si fue la honestidad lo que sustentó esa decisión, lo mínimo es ser honesto y confesar por qué lo hizo.
Esto no deja de inquietar, pues podría estar relacionado con la posible inhabilidad que pesa sobre un candidato que, hasta hace unos meses, se desempeñó como secretario privado del alcalde y que por ende ejercía funciones públicas.
Finalmente, algunos conceptos jurídicos señalan que, desde el cargo que desempeñó, fue supervisor de un contrato cercano a los 3.000 millones de pesos, aún en ejecución, lo que lo ubicaría como autoridad administrativa o, al menos, como interviniente en la contratación pública. Esto lo dejaría directamente por fuera de la carrera electoral, al estar inhabilitado para ser alcalde en estas elecciones atípicas.
Si esta fue la razón de su renuncia, ¿por qué “des-renunciarse”? Esta decisión no solo incrementa la incertidumbre, sino que, en caso de resultar victorioso en la contienda, reabriría las dudas sobre el ejercicio del ejecutivo, dejando a Bucaramanga con una administración inviable para una ciudad que, poco a poco, también lo es.
