La palabra corrupción tiene su origen en el vocablo corruptio que proviene del latín y significa romper, destruir o descomponer. Aunque el fenómeno es tan recurrente en el sector público como en el privado, es la gran corrupción estatal la que produce las consecuencias más nefastas. Por eso es entendible que la lucha anticorrupción haya sido una de las banderas que concitaron las grandes movilizaciones del 2019 y el 2021.
La promesa de una lucha frontal contra la corrupción fue determinante para el triunfo del Pacto Histórico, sin embargo, los más de tres años transcurridos de este gobierno son suficientes para que la corrupción adquiera un calificativo que le gusta reivindicar al Gobierno de Petro, el de “histórica”.
Los datos del ranking de Percepción de la Corrupción así lo evidencian. De acuerdo con Transparencia Internacional, en el año 2024, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 y descendió 5 puestos en el escalafón mundial pasando a ocupar el puesto 92 entre 180 países. En las últimas semanas una verdadera avalancha de denuncias, fallos y actuaciones judiciales en casos de gran corrupción corrobora la tendencia decadente.
Para empezar, el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña presidencial de Petro y Márquez por hacer trampa en las elecciones al ocultar gastos, financiarse con fuentes prohibidas y violar los topes permitidos. El gerente de la campaña fue Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Es la bancarrota moral de un gobierno que se autoproclamó del “cambio”:
En los casos que ya pertenecen al ámbito penal, la Fiscalía le imputó a Nicolas Petro seis delitos relacionados con sus actividades como jefe de campaña en la región Caribe y solicitará cárcel para los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, quienes están acusados de montar un entramado de contratos y favores para sobornar congresistas y hacer aprobar la agenda legislativa del Gobierno.
En las recientes revelaciones de la prensa, origen de la mayoría de los casos, Caracol Noticias denunció que altos funcionarios del Gobierno Petro estarían compartiendo información con las disidencias de las Farc al mando de Calarcá, un caso gravísimo que recuerda las peores épocas del DAS y su relación con el paramilitarismo.
Uno solo de estos escándalos sería suficiente para generar una crisis sin precedentes en el gobierno y castigar en las urnas el continuismo, sin embargo, el país se está acostumbrando a la seguidilla de escándalos donde uno supera al otro en lo que parece una espiral infinita de descomposición. Y lo más preocupante es que la creciente desconfianza ciudadana en los regímenes considerados “democráticos” tiene en la gran corrupción uno de sus principales causas, lo que suele abonar el terreno para propuestas más autoritarias.
