En los últimos días, Prosantander presentó ante la opinión pública, la academia, las autoridades locales y los medios de comunicación la Agenda Estratégica del Agua, un documento estructurado en tres capítulos fundamentales: conservación de las fuentes hídricas, acceso y uso del recurso hídrico, y tratamiento de aguas residuales; una iniciativa tan oportuna como necesaria.
La iniciativa ofrece un diagnóstico técnico muy claro sobre el estado de las cuencas, la deforestación, el deterioro ambiental, las brechas históricas y saneamiento. También identifica desigualdades persistentes en el acceso al agua muchas veces a causa de la corrupción, deficiencias en calidad y continuidad en la prestación del servicio, asimismo, recoge el marco jurídico vigente, entre esos la norma que obliga a los municipios a proteger y restaurar ecosistemas estratégicos. En conclusión, es una invitación a asumir la protección del agua como un compromiso colectivo inaplazable.
La Agenda Estratégica del Agua constituye una base programática sólida para avanzar hacia una verdadera gobernanza del agua en Santander. Sin embargo, este propósito requiere un actor esencial: el sector público, y lamentablemente, su respaldo, el cual debería ser incondicional, ha sido un poco débil. La ausencia de interés por parte de quienes tienen la responsabilidad de orientar las políticas hídricas del departamento pone en riesgo la construcción de una visión compartida entre los sectores responsables.
Durante el lanzamiento público, la baja asistencia de autoridades locales y la ausencia absoluta de mandatarios de municipios con crisis significativas de agua resulta preocupante. Todo indica que algunos gobernantes aún no comprenden la importancia y magnitud de su rol en la protección del recurso hídrico ni la urgencia de actuar con responsabilidad y liderazgo.
Para consolidar una verdadera Gobernanza del Agua, la Agenda requiere la participación activa del sector público. Solo con su participación será posible definir con claridad actores y responsabilidades, establecer mecanismos de coordinación institucional, asegurar fuentes de financiamiento, fortalecer el monitoreo, promover la participación ciudadana y garantizar la transparencia en la toma de decisiones.
La seguridad hídrica de Santander depende de una gobernanza capaz de articular instituciones, incorporar a la ciudadanía, fortalecer la gestión territorial y sostener inversiones a largo plazo. La hoja de ruta está trazada. Ahora corresponde a todos, en especial a quienes gobiernan, vincularse activamente, participar en las mesas técnicas y generar las condiciones para ejecutar los proyectos que aseguren la protección y disponibilidad del agua en el departamento.
El llamado es claro: los gobernantes deben asumir su responsabilidad y sumarse sin excusas a esta agenda estratégica. El futuro hídrico de Santander no admite más indiferencia.
