Se ha vuelto ya una costumbre: un anuncio rimbombante, tono amenazante, una propuesta populista: casi un acto de fe para seducir simpatías al estilo de esos candidatos escolares que prometen piscinas sin explicar de dónde saldrá el dinero (y que me perdonen los buenos personeros). Pero los electores no somos niños. Cuando el presidente Petro pone en entredicho al Banco de la República, la autoridad técnica que regula la política monetaria, lo que estamos viendo no es liderazgo, sino improvisación.
En el debate sobre el salario mínimo de 2026, el Gobierno sugiere un alza de doble dígito —alrededor de 11 %— sin incluir auxilio de transporte. Pero tal propuesta ignora la realidad económica del país: la inflación interanual ronda 5,5 % y la productividad laboral ha crecido en un modesto 0,91 % en lo corrido del año. En ese contexto, subir el salario mínimo por encima de esos parámetros no es un acto de justicia social, sino un riesgo de inestabilidad económica, un tiro en el pie.
Villar ha advertido que un aumento tan elevado complicaría reducir la inflación y distorsionaría los costos de contratación, lo que podría impactar negativamente la formalización laboral y la competitividad de las empresas. Esa preocupación técnica no puede descartarse con acusaciones de especulación o “rentismo” como lo hace el Presidente al referirse al banco central con tono de patrón de finca. Esa actitud revela una visión presidencial más estilo adolescente rebelde que jefe de Estado con responsabilidad macroeconómica: decisiones impulsivas, sin prueba de que haya un plan serio de financiación, equilibrio fiscal o pago de su costo social.
No decimos que un aumento salarial sea innecesario. Todas nuestras familias lo necesitan. Pero un ajuste de ese tipo debe sustentarse en criterios claros, técnicos: inflación, productividad, capacidad de gasto estatal, estabilidad del empleo. Si no, corremos el riesgo de que ese deseo de “bienestar para el pueblo” termine convertido en desgaste para el bolsillo colectivo, con inflación más alta, desempleo informal y pérdida de competitividad.
El Presidente parece obsesionado con presentar un aumento histórico —con mira a las próximas elecciones legislativas y presidenciales— como un gajo más de su propaganda política. Pero lo que está en juego es la estabilidad de todo el ecosistema económico: empresas, empleo formal, inflación, músculo fiscal... Si el Estado se comporta como un niño de cinco años que espera que los cajeros automáticos le entreguen dinero sin explicar de dónde sale, estamos condenando a la economía a una fantasía que tarde o temprano explotará. Los ciudadanos merecemos más madurez, más responsabilidad y menos histrionismo. Porque la verdadera justicia social no se construye con promesas vacías, sino con políticas diseñadas con rigor, con moderación, con visión de mediano y largo plazo.
