Como un “logro histórico del Gobierno y del movimiento estudiantil” fue presentada por el ministro de educación Daniel Rojas y los congresistas autores, la más reciente reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior. En el gobierno de Petro resulta prudente tomar con pinzas los anuncios “históricos”.
Lo aprobado incluye utilizar un nuevo índice de Costos de la Educación Superior (ICES) para actualizar la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior Públicas cuando el IPC sea inferior, aumentar los aportes de la Nación que no van a la base presupuestal, del 30% al 70% del crecimiento real del PIB, y crear una base presupuestal para las Instituciones, Técnicas, Tecnológicas y Universitarias del 0.05% del PIB del año anterior. Adicional a esto, se establece la posibilidad de aumentar la base presupuestal de las universidades públicas sujeta a varias condiciones, entre ellas la “disponibilidad presupuestal” y el aumento de cobertura.
A primera vista, más recursos parecen buena noticia; sin embargo, si estos son para atender nuevas necesidades y no para cubrir el déficit de cerca de $20 billones de pesos causado por décadas de aumentos en cobertura sin incrementos reales en las bases presupuestales, los recursos pasan de ser un alivio, a un lastre, que lleva a estas instituciones a tener más costos que ingresos, forzándolas a la autofinanciación.
Por ejemplo, los aportes de la Nación al presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia pasaron del 60% del total en 2023 al 54% en 2025, obligándola a buscar recursos por su cuenta. Aunque el gobierno ha aumentado la base presupuestal de las universidades públicas algunos puntos por encima del IPC, al mismo tiempo les ha cargado nuevas obligaciones como el Decreto 391 de 2025 de formalización laboral. Para el caso de la Nacional, los recursos adicionales en 2024 fueron apenas una fracción del costo estimado de la formalización. (Soberanía, Ed. Nº 5).
En tono demagógico, el ministro Rojas señaló que: “hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública... Hoy podemos decir que aquello por lo que se movilizaron es ley de la República”. Al contrario, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, expresión del movimiento de entonces, tuvo claro que un gobierno auténticamente democrático pagaría la deuda histórica acumulada del Estado con las universidades públicas en lugar de gastarse $16.5 billones de pesos en la compra de 17 aviones de guerra.
Punto aparte: Mi reconocimiento a la labor que ejerció Melissa García como directora de Vanguardia imprimiéndole gran dinamismo a esta casa editorial. Mis mejores deseos para quién seguro seguirá aportándole a la región y al país con sus proyectos venideros.
