La seguridad dejó de ser un asunto meramente local. Hoy está atravesada por la geopolítica, por las decisiones de potencias extranjeras y por la inestabilidad de regímenes vecinos. Lo que ocurre en Venezuela no tiene efecto solo allí. Y Santander, por su ubicación, su infraestructura estratégica y su historia frente al conflicto armado, lo sabe mejor que nadie.
Las acciones recientes de Estados Unidos frente al régimen venezolano han reconfigurado el tablero regional. Cuando un Estado colapsa o entra en una fase de mayor presión externa, las consecuencias suelen ser previsibles: desplazamiento de economías ilegales, reacomodo de estructuras criminales y migración de grupos armados hacia territorios con mayores oportunidades logísticas y menor resistencia institucional del gobierno de turno. Colombia —y departamentos como Santander— no son ajenos a ese riesgo.
En ese contexto cobra pleno sentido la estrategia de seguridad que ha venido construyendo el gobernador Juvenal Díaz Mateus. No se trata de una política reactiva ni improvisada, sino de una visión integral basada en tres pilares: fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública, inversión en tecnología e inteligencia, y coordinación interinstitucional permanente. Los hechos recientes demuestran que esa apuesta no solo era pertinente, sino anticipatoria.
La activación de planes preventivos frente al paro armado del Eln, la creación de Centros Integrados de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata, la inversión sostenida en movilidad, drones, equipamiento y control territorial, así como la articulación con Ejército, Policía y Armada, evidencian una comprensión moderna de la seguridad: prevenir cuesta menos que reaccionar, y planear cuesta menos que lamentar.
En esa misma lógica se circunscribía el impuesto de seguridad impulsado por el gobierno departamental. Una medida polémica, sin duda, pero coherente con la necesidad de financiar capacidades que el presupuesto ordinario no alcanza a cubrir. La tasa buscaba que ciudadanos y empresas contribuyeran directamente a blindar el territorio. Su posterior suspensión no invalida la discusión de fondo: la seguridad cuesta y alguien tiene que financiarla.
Hoy, cuando el riesgo de que estructuras criminales se desplacen desde Venezuela hacia Colombia es real (como consecuencia de lo que pueda suceder con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la forma en que decidan enfrentar a los grupos narcoterroristas colombianos que han tenido refugio desde hace años en ese país), esa discusión cobra mayor pertinencia. Santander no puede darse el lujo de debilitar su músculo institucional justo cuando el entorno regional se vuelve más hostil.
La seguridad no es ideología ni retórica; es condición para la inversión, para el empleo y para la vida cotidiana de los ciudadanos. En tiempos de turbulencia internacional, tener una estrategia clara, capacidades instaladas y liderazgo firme no es opcional: es una obligación. Santander, al menos, cogió el ritmo a tiempo.
