Las festividades de diciembre son el momento perfecto para el reencuentro con familiares y amigos que retornan desde diferentes lugares del mundo y buscan compartir con los suyos, disfrutar de la gastronomía y revivir recuerdos que permanecen en la memoria. Volver siempre es motivo de alegría. Sin embargo, en los últimos años las impresiones de quienes conocieron una Bucaramanga halagüeña para vivir distan de ser favorables. Al deteriorado paisaje que dejan las estaciones de Metrolínea desmanteladas, la ausencia de ornato público; los olores fétidos en sectores estratégicos y el caos en movilidad, se suma una percepción general sobre el alto costo de la vida en la ciudad.
Según datos oficiales, la otrora “Ciudad Bonita” lidera por segundo año consecutivo el deshonroso listado de ciudades con la mayor inflación del país, superando incluso a Bogotá y Medellín, urbes con un mayor desarrollo económico y territorial, con salarios reales más altos y fenómenos como la gentrificación y turistificación, condiciones que no justifican lo que ocurre en Bucaramanga.
Si bien la carestía se reflejó con fuerza en el sector HORECA, con una variación anual del 7.9%, que la capital santandereana haya cerrado el año 2024 con una inflación del 6.06% y 2025 del 5.78%, es una señal que la ciudad no va bien. La inflación elevada hace que el dinero pierda valor con rapidez, reduce la capacidad de consumo de los hogares y desincentiva el ahorro debido a la depreciación. Para las empresas se aumentan los costos operativos, se encarecen los insumos y el crédito, y se limitan inversiones ante la incertidumbre que genera la pérdida de poder adquisitivo.
Dada la gravedad de la situación, lo más preocupante es que a nadie parece inquietarle. No se observan políticas públicas orientadas a corregir los problemas estructurales que alimentan la inflación, los cuales no son coyunturales, si no la acumulación de errores de origen local como la inestabilidad institucional, la ausencia de planeación técnica y la improvisación en la toma decisiones.
El aumento desproporcionado en la tarifa de taxis en una ciudad sin un sistema de transporte masivo; la ausencia de planeación metropolitana que permita habilitar suelos y disminuir el alto costo de la vivienda; y los cobros del impuesto predial muy por encima de lo legal durante los dos últimos años, con un impacto directo sobre el sector inmobiliario, son ejemplos de decisiones que terminan trasladado sus efectos al bolsillo de los ciudadanos.
No podemos normalizar convertirnos en una ciudad que encarece costos y empobrece su gente. Todos somos víctimas de este modelo de gestión, incluidos los restaurantes que son el centro del debate público y, con mayor severidad, los sectores más vulnerables, que padecen las consecuencias de la ausencia de una visión a largo plazo.
