Según datos oficiales, alrededor del 70 % de los colombianos habita en cascos urbanos, una tendencia que se replica a escala global, configurando un nuevo orden que consolida a las ciudades como Estados dentro de los mismos Estados. En este escenario, las ciudades que logren atraer mejores talentos humanos y desarrollo económico mediante conectividad, infraestructura, innovación, seguridad y espacios urbanos son las que van a florecer y serán más competitivas; las demás quedarán rezagadas.
El siglo XXI pertenece a quienes planifican. Por ello, preocupa la situación de la región, marcada por planes de ordenamiento desactualizados, ausencia de instrumentos modernos de gestión, financiación y planificación metropolitana, debilidad en la asociatividad municipal y el riesgo de que una ciudad intermedia estratégica como Floridablanca pueda quedarse sin Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La semana pasada, por decisión judicial, fue declarado nulo el Acuerdo 017 de 2022, el cual había revivido el POT de primera generación y suspendido de manera transitoria el POT de segunda generación. A pesar de que los efectos temporales del acuerdo demandado permitieron contar con una norma de planificación durante los últimos años, ese margen de tiempo no fue aprovechado para adelantar una nueva revisión del instrumento, actualizando estudios ambientales, de riesgo y demográficos; tampoco incorporar cambios normativos recientes, como la modificación del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y conceptos como el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), teniendo como eje estructurante del desarrollo urbano el sistema de transporte masivo.
Aunque resta una segunda instancia por resolver, el riesgo que Floridablanca quede sin POT en el corto plazo es alto. De confirmarse la nulidad, entraría en vigencia el POT de segunda generación, cuyos artículos estructurales sobre clasificación y categorías del suelo fueron demandados, lo que haría inviable su aplicación práctica. Esta situación generaría una profunda inseguridad jurídica con impacto en varios frentes.
En materia fiscal, se verían afectados los ingresos proyectados por concepto de delineación urbana, impuesto predial y plusvalías. En lo urbanístico, se paralizarían licencias, cambios de uso del suelo y actuaciones urbanísticas, mientras crecen los asentamientos humanos. Y en el frente jurídico-institucional, aumentaría el riesgo de demandas y nuevas nulidades que debilitan la confianza y la seguridad de ciudadanos e inversionistas.
Floridablanca no puede quedar sin POT; reinarían el caos y la informalidad. Se impone con urgencia la necesidad de una alianza entre el sector público y el privado que evite la pérdida de la hoja de ruta de gestión del territorio. Este episodio no puede pasar como un trámite más; es una señal de alerta que obliga a cambiar de paradigma en la concepción de la planificación del territorio regional, en aras de mejorar la calidad de vida y la competitividad de los ciudadanos metropolitanos.
