La cifra luce contundente y el gobierno la repite como un trofeo: en 2025, la colocación de crédito agropecuario alcanzó 48,1 billones de pesos, el nivel más alto de la historia. El anuncio, liderado por Finagro busca transmitir la idea de un campo inundado de recursos y de una política pública expansiva a favor de los productores. Sin embargo, como suele ocurrir en las estadísticas agregadas, el diablo está en los detalles.
El primero, y quizá el más importante, es la composición de esa colocación. Nada menos que el 84,4 % de los desembolsos correspondieron a cartera sustitutiva de la inversión forzosa en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA). En otras palabras, fue la banca privada —y no la banca pública ni un esfuerzo fiscal directo— la que terminó irrigando recursos al sector para cumplir con una obligación regulatoria. Presentar este resultado como un logro exclusivo de la política pública es, por lo menos, discutible.
Este diseño, además, genera dos incentivos perversos. El primero es la concentración del crédito. La cartera sustitutiva tiende a canalizarse hacia productores grandes y medianos, con menor riesgo, mayor capacidad de estructuración financiera y proyectos de mayor tamaño. No sorprende entonces que el 86 % de estos recursos haya terminado en manos de grandes productores, profundizando una asimetría histórica en el acceso al financiamiento rural.
El segundo incentivo es el desplazamiento de la cartera de redescuento, la que tradicionalmente ha sido el principal instrumento para llegar a pequeños productores y que en su mayoría canaliza el Banco Agrario de Colombia. Aunque el crédito de redescuento creció en 2025, lo hizo por debajo del pico alcanzado en 2023, lo que muestra que el sistema no solo está creciendo menos en ese segmento, sino perdiendo tracción frente a la sustitutiva.
Las cifras de productores beneficiarios refuerzan esta preocupación. Desde 2023, el número de productores que acceden a líneas de redescuento viene cayendo de manera sostenida. En 2020, en plena pandemia, se alcanzó un máximo de 346 mil productores atendidos. Para 2025, la cifra se redujo a 268 mil, es decir, 78 mil productores menos. Un retroceso que no se observó ni siquiera en el peor momento de la crisis sanitaria y económica.
La tendencia es clara: más plata, pero para menos productores, y cada vez más concentrada. Celebrar récords nominales sin discutir su calidad, su distribución y sus efectos estructurales es una forma cómoda —pero peligrosa— de hacer política pública. Si el objetivo es un agro más productivo, inclusivo y resiliente, el debate no puede quedarse en el monto total colocado, sino en quién recibe el crédito, bajo qué instrumentos y con qué impacto real en el desarrollo rural.
