Los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Santander, en especial los de los que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, están en el peor de los escenarios posibles.
Bucaramanga debe afrontar la revisión del POT y el manejo que la Secretaría de Planeación le viene dando al tema no es el mejor. La improvisación ha sido la constante. Coincidimos con el editorial del periódico cuando dice que Bucaramanga necesita un POT moderno y robusto. Nos quedaremos esperando.
En Girón, el POT fue adoptado hace 25 años y hace 16 se le hizo el último ajuste excepcional.
Situación similar se presenta en Piedecuesta. El POT fue adoptado en 2003, el último ajuste excepcional se hizo en 2020, pero cuenta con un considerable número de conceptos expedidos por la Secretaría de Planeación en ejercicio de la facultad de interpretación que le otorga la ley en caso de ausencia de norma exactamente aplicable a una situación o de contradicción en la normativa existente que, en verdad, no han sido de mucha ayuda.
En Floridablanca el escenario es el más complicado.
Con el Acuerdo 035 de 2018 expidieron el POT de segunda generación, derogaron los acuerdos que contenían el de primera generación y todas las disposiciones de igual o menor jerarquía contrarias.
En agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander anuló los artículos 20 y 21 de ese Acuerdo, que contenían la clasificación del uso del suelo y la estructuración del suelo urbano como categoría del suelo municipal. La nulidad abarcó los mapas que definían la clasificación y las categorías del suelo. En otras palabras, no hay norma que regule ambos elementos del ordenamiento territorial, lo que en la práctica hace inaplicable el POT.
Para salir del atranco improvisaron una solución. A iniciativa del alcalde, a finales de 2022 expidieron el acuerdo 017 para dejar sin efecto el acuerdo 035 de 2018 y “revivir” el POT de primera generación que habían derogado. El nuevo acuerdo también fue anulado. El Concejo Municipal, concluyó el Tribunal Administrativo de Santander, no tiene competencia para suspender los efectos del acto administrativo que contiene el POT.
La decisión del Tribunal no está en firme. El recurso de apelación no se ha resuelto, pero la probabilidad de que sea confirmada es grande, por lo que valdría la pena saber si los asesores del alcalde, que los tiene en abundancia, ya le recomendaron que el mejor camino para enfrentar la crisis es avanzar en la expedición de un nuevo POT.
Y si por acá llueve, en los demás municipios del departamento no escampa. Apenas 13 de los 86 municipios tienen sus POT vigentes; 69 lo tienen vencido y en cuatro están a punto de vencerse.
