Es necesario que en Colombia hablemos de seguridad, pero en serio. Si bien hoy tenemos una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes —casi tres veces inferior a la de mediados de los noventa—, el problema sigue siendo desafiante.
En las zonas rurales, y en al menos 365 municipios, porque la violencia persiste debido al accionar de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y el enjambre de disidencias de las antiguas FARC. En las principales ciudades, por su parte, preocupa la presencia cada vez más fuerte de mafias nacionales e internacionales. No es casual que en Bogotá ocho de cada diez homicidios respondan a la modalidad de sicariato.
Sin embargo, en la actual campaña presidencial ningún candidato le ha hablado en serio al país sobre seguridad.
Ni desde la izquierda, que debe ir más allá de las raíces socioeconómicas del delito; ni desde la derecha, obsesionada con importar la “mano dura” a lo Bukele, sin advertir que en Colombia el hacinamiento carcelario ya ronda el 29 % y que cada persona privada de la libertad —en cárceles que hace rato son verdaderas universidades del crimen— le cuesta al Estado cerca de dos millones y medio de pesos mensuales.
Ningún aspirante a la Presidencia nos ha dicho cuál será la estrategia para resolver las disputas entre grupos armados —como ocurre desde hace más de un año en el Catatumbo— sin otorgarle ventaja a uno u otro. Tampoco cómo fortalecer las capacidades locales de las instituciones y de la Policía en los municipios de sexta categoría, para que los alcaldes no dependan del clientelismo de los congresistas a la hora de “patinar” sus proyectos de seguridad ante el Ministerio del Interior.
Si la militarización, la eliminación de garantías procesales y el aumento de penas y tipos penales fueran la solución, como algunos creen, Estados Unidos tendría hoy mejores indicadores de seguridad que Noruega o Dinamarca.
Pero no. La sola mano dura es inviable a largo plazo. Si queremos hablar de seguridad en serio, debemos ir más allá de los sobreactuados saludos militares y proponer soluciones de política pública que protejan a los ciudadanos, articulando prevención del delito y aplicación efectiva de la ley.
Para ello, los candidatos deben contarnos con claridad: ¿cuáles serán sus políticas sociales y de convivencia ciudadana? ¿De qué manera las Fuerzas Armadas aplicarán la fuerza legítima del Estado? ¿Cómo fortalecerán los recursos y las capacidades de nuestros sobrecargados jueces y fiscales? ¿Y cómo lograrán que las cárceles cumplan verdaderamente su función de resocialización?
Y los ciudadanos debemos entender que militarización no es seguridad.
