La muerte del pequeño Kevin Acosta, de 7 años, tras la negativa de la Nueva EPS de entregarle de manera oportuna los medicamentos necesarios para su tratamiento, ha convertido esta aciaga historia de una familia santandereana en el rostro de la tragedia de millones de compatriotas que sufren las consecuencias de la “crisis explícita” orquestada por el Gobierno Petro.
La reacción del presidente Petro ante la muerte de Kevin dio cuenta de su ignominia. Tras juzgar a la madre de Kevin como ignorante y culparla por permitirle montar en bicicleta, habló del caso como un referente de falta de “prevención”. Los especialistas médicos le salieron al paso demostrando que la recomendación médica para niños con hemofilia es hacer actividad física mientras la verdadera “prevención” es contar con las medicinas que la Nueva EPS le negó a Kevin.
Ante las justificadas críticas de la comunidad médico científica y como si no fuera suficiente el agravio a Katherine Pico, la madre de Kevin, al día siguiente, Petro ventiló en Televisión ―impunemente― la historia clínica del pequeño Kevin, una vez más, con la intención de exculpar a la Nueva EPS. Cabe recordar que desde febrero de 2024 el presidente Petro dio la orden de implementar la reforma a la salud que no fue aprobada en el Congreso, “en las EPS que ya controlamos”, entre ellas, la Nueva EPS.
Lo más preocupante es que el caso de Kevin es apenas uno de los miles que a diario suceden. Un artículo de la revista British Medical Journal, titulado “Cómo la política destruyó el modelo de salud de Colombia” que pueden consultar en español en este enlace https://bit.ly/4ry0WfC, explica que el Gobierno Petro intervino varias EPS debido a sus enormes deudas, pero en lugar de reducirlas, lo que ha hecho es aumentarlas, agravando la crisis del sistema.
Según datos del Ministerio de Salud, las EPS le deben a los proveedores la colosal cifra de $32.9 billones de pesos y la principal deudora es la Nueva EPS, es decir ¡el propio Gobierno! A esto se suma la negativa del Gobierno a aumentar la UPC como lo ordena la Corte Constitucional, llevando las clínicas y hospitales al estrangulamiento financiero a través de la exigencia de la prestación de más servicios, pero con menos recursos, que no se pagan o se pagan de manera tardía.
Las consecuencias de la “crisis explícita” ya se hacen notar: las clínicas y los hospitales con escaso músculo financiero se debaten entre ajustarse a la crisis, en detrimento de la salud de sus pacientes, o cerrar definitivamente sus puertas, lo que sin duda se traducirá en más muertes evitables como lo fue la del pequeño Kevin.
