El Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga 2026–2027 no debería construirse desde la intuición política, sino desde la evidencia. Y esa evidencia está en el Informe de Calidad de Vida, que desde 2009 mide las condiciones de vida en los municipios del área metropolitana e identifica retos territoriales asociados a brechas persistentes que afectan el bienestar de la población. Una pregunta clave que debería orientar esta hoja de ruta es: ¿cómo lograr una mejor calidad de vida para todos y todas?
Uno de los mensajes más claros del informe es la persistencia de brechas educativas, especialmente entre la educación privada y la pública. El próximo Plan debe asumir este reto como prioridad estratégica: mejorar la calidad de la educación pública, garantizar la permanencia escolar y conectar la formación con oportunidades reales de empleo. Sin cerrar esa brecha, hablar de movilidad social seguirá siendo un eslogan.
En lo social, el Plan debería ir más allá de la cobertura. La ciudad necesita políticas que apunten a la autonomía económica de los hogares, especialmente mediante estrategias de inserción laboral para jóvenes y mujeres y acciones orientadas a la reducción de la informalidad. Según el Informe de Calidad de Vida, en 2024 la tasa de informalidad laboral en el área metropolitana fue del 45,4%, lo que significa que cerca de cuatro de cada diez personas ocupadas se encontraban en condiciones de inestabilidad y baja protección social. El empleo precario no es un fenómeno transitorio, sino una condición estructural que limita las oportunidades de movilidad social. Los planes de corto plazo no pueden seguir respondiendo a esta realidad con intervenciones superficiales o desarticuladas.
La seguridad, otro de los ejes críticos del bienestar urbano, tampoco se resuelve únicamente con más vigilancia. El Informe de Calidad de Vida muestra que, en 2024, la tasa de homicidios fue de 21 por cada 100 mil habitantes, la de hurto a personas de 1.115 y la de violencia interpersonal de 270 por cada 100 mil habitantes. El Plan 2026–2027 debería asumir la seguridad como un componente integral de la calidad de vida, articulando acciones de prevención, fortalecimiento institucional y recuperación de la confianza ciudadana, en lugar de limitarse a respuestas reactivas.
Pero el mayor reto no es solo qué incluir, sino cómo medirlo. Si el Plan se limita a metas de producto (número de campañas, talleres o actividades), perderá su razón de ser. Debe enfocarse en resultados: reducción de brechas, mejoras en bienestar y avances verificables en los indicadores de ciudad.
El Plan de Desarrollo 2026–2027 tiene una oportunidad: dejar de ser un documento de buenas intenciones y convertirse en una verdadera hoja de ruta para cerrar desigualdades.
Por: Carolina Estévez Fiallo
