Una de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad es pasar de la discusión a la agresión y de la crítica a la descalificación. Opinar y proponer es un derecho y una obligación del buen ciudadano, por lo que simplemente callar no es opción. Apoyar u oponerse es legítimo en una democracia, siempre que se haga dentro de los límites del respeto y con argumentos, pero lo que observamos el sábado anterior en el Concejo frente al proyecto de endeudamiento y las manifestaciones en redes sociales de unos y otros me deja más preocupada que si hoy tuviéramos la deuda al tope y sin claridad en las prioridades de inversión.
Sé que aún algunos piensan que opinar es un despropósito y oponerse a las decisiones de los mandatarios es un sacrilegio, pero es un grave error de cálculo graduar de enemigos a todos los que tienen observaciones o cuestionamientos que pueden contribuir a evitar problemas futuros. De hecho, proponer una revisión general del proyecto de Acuerdo e incluso ampliarlo para que la decisión de inversión tenga flexibilidad en el marco del Plan Vial Metropolitano no indica ninguna agresión a la decisión; por el contrario, es una forma de avanzar en la financiación mientras se define, con una matriz de opciones, los más costo-eficientes y viables tramos o proyectos. También es procedente evaluar el momento, pues pareciera ilógico buscar endeudamiento en un momento de alza de tasas de interés y quizás sería mejor hablar de vigencias futuras para algunos casos.
El alcalde en redes sociales indica que “es carreta” que no existan estudios definitivos, pero no se conocen y genera inquietud la priorización de esas obras, tanto que amerita copar la capacidad de endeudamiento y dejar fuera otras opciones. ¿Qué motiva migrar de la 56 a la 45 y de la 27 a la 2W cuando diariamente observamos la congestión allí? ¿Estamos seguros de que todo esto está en el marco de un sistema de transporte masivo que no puede limitarse solo a reordenar rutas del colectivo y que va a necesitar inversión que no tendríamos por haber dedicado toda la capacidad a estas obras? ¿Por qué no pensar incluso en cofinanciar La Virgen – La Cemento para destrabar la concesión y solucionar el problema del norte, que es agobiante? En fin, opciones es lo que hay y, si existiese posibilidad de analizarlas en una especie de “Junta de Infraestructura” ad hoc, como alguna vez operó en Bogotá, sería conveniente y generaría confianza para todos.
Reitero que es loable que a solo 4 meses de iniciada la administración ya se tengan discusiones de tal envergadura, pero es más sano hacer un alto en el camino, revisar las observaciones y tomar la decisión con más cordura que calentura, sobre todo para que la sociedad no se fracture más, que bastante tenemos con la polarización política para seguir echando carbón.
