Todas las ciudades necesitan obras, pero también funcionarios honrados y entidades de control que cumplan con su deber. Una de esas obras en Bucaramanga es la salida del barrio El Diamante hacia la autopista a Floridablanca, la cual se encuentra en proceso de licitación con fundamento en las órdenes dadas por un juez de la República dada la existencia de una acción popular. Su valor supera los 2.455 millones de pesos, y lo más extraño de esto, es que hay un ítem que se lleva el 10% del presupuesto: el traslado de un poste. Un solo poste.
La justificación dice que ese poste soporta redes de alta tensión, pero las mismas especificaciones del contrato aclaran que la maniobra “será realizada por un operador idóneo autorizado por la empresa de servicios públicos”. Es decir: el contratista principal le factura al municipio 245 millones de pesos por un trabajo que no va a ejecutar él, sino la ESSA. ¿Por qué se le exige entonces al contratista principal acreditar experiencia previa en una actividad que él mismo no va a hacer? Y es aquí en donde debería aparecer la honestidad, ya que nadie se explica por qué de 80 páginas de estudios previos, 25 de ellas son para justificar esta situación.
Si una entidad siente la necesidad de dedicar un tercio de su expediente a blindar un único requisito que no hace parte del objeto principal, como lo es hacer la vía, inmediatamente prende las alarmas en los organismos de control. Las experiencias adicionales, dice la ley, deben clasificarse para que las exigencias no se inventen a la medida de los amigos, pero los mismos estudios previos reconocen que no se encontró ningún código de clasificación que aplicara al traslado de postes y decidieron no cumplir un requisito legal.
La obra del Diamante II hay que hacerla, pero hay que hacerla bien y que no queden dudas sobre su desarrollo. Llamar la atención sobre estas cosas no deja de ser incómodo, pero responder esa incomodidad es, justamente, el precio de gastar plata ajena.
